Amalia del Cid
Llegaron con prole y menajes para instalarse en propiedad privada, a orillas de la Carretera Nueva a León, a dos kilómetros del casco urbano de Mateare. Al asentamiento de casitas de plástico negro le dieron el nombre de Comunidad Rosario Murillo y apelaron a la “buena voluntad” de la primera dama para quedarse ahí.
En unos días, las 610 familias que desde hace unos tres años habitan en terrenos de la financiera canadiense Finarca podrían ver hecho realidad el sueño de dejar de ser “ladrones de tierra”.
El próximo martes, líderes del asentamiento y representantes de la empresa tendrán una reunión con Yara Pérez, intendente de la Propiedad, para intentar llegar a un acuerdo, según cuenta Marcia Campos, presidenta de la Cooperativa de Vivienda del caserío.
Nada está dicho. Todavía. Pero en las casas de la Comunidad Rosario Murillo, detrás de esas paredes plásticas tapizadas con la sonrisa del presidente Daniel Ortega, ya casi están celebrando
“Me dijeron que esto iba (…); la secretaria de la Intendencia me mandó un chat. Esto ya es un hecho, aunque paguemos”, dice Campos, quien insiste en que la “comunidad” no quiere nada regalado.
Solo desean un plazo de 20 a 30 años para que cada familia pague, a precio catastral, el pedazo de tierra que ocupa en esas 20 manzanas de Finarca, que son parte de una propiedad de casi 54 manzanas, valorada en 753 mil dólares.
“Hay gente que dice ‘ esto me lo tienen que regalar por ley’. No, yo digo que por ley el que tiene necesidad tiene que comprar; si necesito comer, tengo que trabajar”, señala la lideresa, quien se atreve a asegurar que aunque sea vendiendo agua helada los “rosariomurillenses” van a pagar cada peso por las tierras invadidas.
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