Unos veinte jóvenes de ambos sexos se manifestaron el martes de esta semana ante la comandancia general del Ejército de Nicaragua, y pusieron flores y copias de la Constitución Política de la República a los pies de los soldados que formaron una valla humana armada para que los valientes muchachos no pudieran llegar hasta las oficinas del alto mando militar.
Eran muy pocos, sin duda, pero esos jóvenes simbolizan la conciencia democrática de la nación, representan a todos los nicaragüenses que quieren libertad, democracia y elecciones libres y limpias, para lo cual todos los ciudadanos nicaragüenses deben tener la cédula de identificación que los acredita para ejercer el derecho al sufragio.
Los jóvenes se presentaron ante la comandancia general del Ejército, para demandar que este “se retire a sus cuarteles y deje de intimidar a la ciudadanía, como ha ocurrido en Siuna y San Fernando, donde los pobladores se han tirado a las calles para que el CSE les entregue sus cédulas”. “¡No queremos balas, queremos cédulas!”, exclamaron los jóvenes que pertenecen al denominado movimiento N2.0, que respalda a los muchísimos nicaragüenses que no han podido obtener su documento oficial de identificación, debido al partidismo oficialista y la ineficiencia imperante en el Consejo Supremo Electoral.
Después de la manifestación de los jóvenes demócratas no partidistas que fueron a ofrecer a los militares armados flores y copias de la Constitución Política de Nicaragua, el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, negó que se hubieran desplegado tropas en San Fernando y Siuna. “Allí apareció una foto y pusieron al pie de la foto de un medio noticioso como que el Ejército estaba en las calles”, dijo el general Avilés. Y agregó: “Cuando nosotros le preguntamos al coronel Ruiz Sandino (dijo que) uno era el conductor y el otro era un escolta que caminan con él”.
Suponemos que el general Avilés se refería a la foto publicada en LA PRENSA el viernes 12 de agosto corriente, en la cual se ve a más de tres militares armados en las inmediaciones del lugar de Siuna donde los ciudadanos reclamaban que les entregaran sus cédulas. Y se informó que “los soldados se desplazaron por las calles y la vía Siuna-Río Blanco donde se mantiene la protesta”.
LA PRENSA y los demás medios de comunicación que han informado sobre las protestas cívicas por la falta de entrega de las cédulas, que han ocurrido en San Fernando, Siuna y otros lugares del país; y que han reportado también la ominosa presencia militar en esos sitios, no han inventado nada. Lo que hemos hecho es cumplir y ejercer nuestro deber y derecho de informar sobre una situación que ha ocurrido realmente, como es la presencia de efectivos del Ejército en algunos lugares donde ha habido protesta cívica de los ciudadanos; la cual, como lo han denunciado los organismos de derechos humanos y los jóvenes del movimiento N2.0, es intimidante y precisamente por eso es prohibida de manera categórica por la Constitución Política de la República.
En realidad, el alto mando militar ni siquiera puede alegar que el despliegue de soldados armados en los lugares de protesta cívica de los ciudadanos, es por orden del Presidente de la República quien según el artículo 95 de la Constitución es el Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua. Es que la misma Constitución dice expresamente en su artículo 92: “Solo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”.
Además, si bien es cierto que según el artículo 95 de la Constitución el presidente Ortega es el Jefe Supremo del Ejército, en este mismo artículo se establece ante todo que “el Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia”.
El general Avilés ha dicho públicamente que el Ejército nunca va a disparar contra el pueblo. Entendemos que eso significa que el Ejército no dispararía contra los ciudadanos ni que se lo ordenara el presidente Daniel Ortega. Queremos creer en ese compromiso del alto mando militar, pero para ser creíble debería abstenerse de mandar soldados armados a intimidar a los ciudadanos que protestan cívicamente, aunque lo ordene el mismo Daniel Ortega, porque eso es un flagrante atropello a la Constitución.
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