Por Orlando Sierra
VALLE DEL BAJO AGUÁN, Honduras/AFP
Campesinos del Valle del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, aguardan con temor la llegada de cientos de policías y militares que serán desplegados este viernes en un intento de frenar la ola de violencia por disputas de tierras, que ha dejado 11 muertos esta semana y más de 50 en los últimos meses.
El gobierno enviará 600 efectivos adicionales, luego de que una fuerza de 400 hombres desplegada antes en este valle cubierto de cultivos de palma africana, 600 km al noreste de Tegucigalpa, fracasara en terminar las confrontaciones entre campesinos y guardias de fincas de acaudalados terratenientes.
Los militares y policías «no vienen a hacer nada en favor de nosotros, vienen a proteger los delincuentes» (guardias de los terratenientes), declaró a la AFP el portavoz del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Vitalino Álvarez.
«Ellos no vienen a hacer nada en favor de nosotros sino a ayudar a los sicarios de los terratenientes, a matar gente», aseveró Pedro García en la comunidad de ‘La Confianza’, un asentamiento en medio de los cultivos de palma del Bajo Aguán.
Los campesinos han ocupado algunas fincas donde se cultiva la palma de la que se extrae aceite para exportar a Estados Unidos y Europa, y han establecido sus hogares en las cercanías de estos predios próximos al Caribe.
‘La Confianza’, dominada por chozas con techo de paja seca, tiene una escuela, en una tienda de campaña con el techo de una lona azul, así como una capilla católica y otra evangélica.
Como consecuencia de la ocupación de tierras, guardias armados de los terratenientes protegen las otras fincas. Los enfrentamientos armados entre ambos bandos han dejado más de 50 muertos en los últimos meses, 11 de ellos esta semana.
Además, la zona es santuario de narcotraficantes que sacan provecho del conflicto.
Según las autoridades policiales, los campesinos, agrupados en el MUCA y otras organizaciones, están armados hasta los dientes, incluso con fusiles AK-47, y han sido entrenados militarmente por «infiltrados» venezolanos y nicaragüenses.
Los dirigentes niegan estas acusaciones.
«En diciembre militarizaron aquí, dijeron que teníamos más de mil AK-47 y no las pudieron presentar y vinieron a ayudar a los terratenientes; nosotros lo único que tenemos son las chozas», se quejó otro campesino, Braulio Díaz.
Al recorrer las fincas se siente el ambiente tenso, horas antes de que comience el despliegue de los efectivos de refuerzo.
El domingo cuatro guardias y dos campesinos murieron y 11 guardias y tres campesinos resultaron heridos en un enfrentamiento. El lunes murieron cinco comerciantes que visitaban el valle, ajenos al conflicto.
Las autoridades dicen que uno de los bandos los confundió con sus rivales.
«Nosotros no tuvimos que ver en eso, los mataron los mismos guardias, utilizando gorros pasamontañas y uniformes moteados del ejército», aseguró Álvarez.
Los terratenientes «con eso quieren obstaculizar el acuerdo pero para nosotros no hay marcha atrás, es la única forma de resolver esto», subrayó el portavoz del MUCA.
El pasado 16 de junio el presidente Porfirio Lobo logró que terratenientes y campesinos firmaran un acuerdo, según el cual el gobierno comprará 4.000 hectáreas cultivadas de palma africana a unos 7.000 dólares cada una, para venderlas a largo plazo a los labriegos.
Se trata del segundo acuerdo, pues Lobo había firmado el 12 de abril de 2010 otro convenio con las organizaciones de campesinos, comprometiéndose a comprar a los terratenientes 11.000 hectáreas que serían vendidas a los campesinos a 20 años de plazo y sin intereses.
Sin embargo, el mandatario nunca se pudo poner de acuerdo con los terratenientes en el precio de la tierra, por lo cual el conflicto se ha prolongado.
