Cuando José Salazar Caldera vio a su hijo Raytí Ayapal Salazar Canales, de 24 años, entre los capturados como integrante de una banda delictiva, fue “como que me hubieran asestado un adoquín en la cabeza”.
Pero su estupor fue mayúsculo, cuando 20 días después de sentenciado, su vástago estaba vinculado a un asesinato.
El joven es uno de los cuatro procesados por el asesinato del folclorista Bayardo González, cuyo juicio se desarrolla en el Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Masaya y para quien en los últimos 10 meses su vida se transformó de forma misteriosa.
“De ser cristiano a delincuente, todavía es hoy y no lo acepto, no logro concebirlo”, refirió el padre del detenido. El joven Salazar primero apareció involucrado en un robo contra un ciudadano en Diriomito.
En ese caso hay testigos que alegan que ese día Salazar Canales estuvo en una actividad religiosa y que después que lo llegaron a capturar destruyeron el templo.
La Fiscalía no pudo demostrar el delito del joven ni su integración a la agrupación delictiva de “Los Chinelas”.
Sin embargo, Salazar fue sentenciado a siete años de prisión, después que un jurado de conciencia lo encontró culpable y fue declarado “cooperador necesario” por el delito de robo con intimidación. A Salazar no le encontraron “un celular, una aguja (o), algo que lo vinculara”, dijo el angustiado padre.
MADRE CASTIGADA
La madre de Salazar fue una comisionada de la Policía de Masaya, quien fue dada de baja de la institución en circunstancias extrañas después de la detención de su hijo. Ahora el padre del joven ha vendido todo para demostrar su inocencia. “Lo único que no pude vender es a mis otros dos hijos que andan por allí”, sonríe.
Ambos casos no están relacionados, pero tienen una similitud, podría tratarse de inocentes utilizados para demostrar la efectividad policial, como aseguran fuentes extraoficiales del área de Inteligencia que indican que es lo que está sucediendo en Masaya.
“Nunca se imaginó que esas personas estuvieran… que no se sabe si son realmente las que tienen allí, porque él no las conoce”, expresó Sánchez.
El familiar de Palacios manifestó que el detenido aunque no reconoce detalles “hizo algunos retratos hablados” de los sospechosos del crimen. “Cuando uno está detenido a veces lo obligan a hacer cosas(…) a veces a uno lo están presionando… no tiene una visión exacta sobre el particular”, relató Sánchez.
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Esto en otros países como Colombia donde sucedieron situaciones similares, se llamó “falsos positivos”. LA PRENSA solicitó la versión policial, pero aún no ha sido brindada.
El abogado de Salazar Canales, Byron Chávez, estimó que puede tratarse de “un montaje o solamente (una forma) para salir del paso”.
El fiscal Auxiliar Medardo Trejos, quien ha actuado como acusador en ambos casos, confió en que en este caso habrá una sentencia de culpabilidad por parte de la juez Ruth Chamorro.
Trejos confió en la prueba científica, como las dactilares que ha presentado en el juicio cuya audiencia continuará en la presente semana. “Todos los acusados que están aquí presentes, sus huellas dactilares están en la escena del crimen”, dijo Trejos.
LA DEFENSA
No obstante, Chávez —el abogado defensor— alegó que con la prueba técnica “se equivocaron definitivamente con él (Salazar Canales) al momento de tomar la huella dactilar porque las crestas que aparecen en el fragmento de huella solo son ocho y las crestas que aparecen en el fragmento de huella que se mandó a valorar que es del dedo medio, aparecen 16”.
Y “según el perito dijo que la huella dactilar y el fragmento de huella dejado en la escena del crimen es la foto, es la persona prácticamente, es el sello de la persona, pero como pudimos determinar, el perito aquí vino a mentir”.
Chávez recordó que en el caso anterior, en el juicio oral y público, él solicitó que los acusados se colocaran las camisas de uniforme policial, que aparentemente utilizaron los delincuentes para cometer el robo, pero no les quedó a ninguno de ellos.
FISCAL SIN ARGUMENTOS
Consultado el fiscal si no existe el temor de enviar a inocentes a la cárcel, este lo consideró una pregunta capciosa. Aunque expresó: “Tengo la convicción en base a las pruebas que la Policía recuperó de que efectivamente ellos estuvieron allí presentes y fueron los perpetradores del delito”.
Lila González, hermana de la víctima, pide castigo para los asesinos.
“¿Tiene certeza que son ellos?” fue la consulta.
La respuesta fue que la Policía salió en la televisión afirmando que son ellos.
Sobre el alegato de inocencia de los detenidos, la hermana de la víctima afirmó: “Cómo les voy a creer si todas las huellas que encontraron allí son de ellos”.
Silvio Jiménez, abogado de Juan Alberto García Amador (otro implicado), dijo que la Policía debió realizar una adecuada investigación y llevar a la cárcel a los verdaderos culpables.
García Amador es un taxista que fue llamado a colaborar en el caso pero terminó implicado. Desde hace ocho meses no puede trabajar porque tiene arresto domiciliar. Según García, los uniformados “quieren cerrar el caso a como de lugar”, pues así se lo habría asegurado un oficial de Auxilio Judicial.
Aura Lila y Petronila Conrado, tías de Camilo Ernesto Páramo, otro de los procesados también criticaron la forma irregular en que detuvieron a su pariente, a quien consideran inocente. “Todo eso son montajes lo que ellos tienen”, dijo Aura Lila.
Tomás Alberto Sánchez, tío del taxista William Enrique Palacios, alegó a favor de su sobrino que él trasladó a unas personas que no reconoce.
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