Como los adolescentes cometen apenas el cinco por ciento del total de delitos registrados en el país, aumentar las penas para estos no sería más que una abierta “criminalización”, según la representante de las Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), María Machicado.
Solo en el 2010 unos 3,872 adolescentes infringieron la ley, según datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De este total de delitos, alrededor de 2,866 fueron adolescentes entre 16 y 17 años.
Estos datos reforzaron la demanda universitaria de elevar a 15 años la pena máxima de los adolescentes que comentan delitos.
Los universitarios solicitaron reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia tras la muerte del estudiante de Arquitectura Evans Ponce, quien falleció en mayo pasado a manos de un grupo de quinceañeros que intentaron quitarle un celular.
El hecho ocurrió en las cercanías de la Universidad Centroamericana (UCA).
“Nosotros valoramos positivamente el proceso de consulta profunda que se está dando (en las universidades del país) pero hay que garantizar su aplicación antes de hablar de cambios”, alegó Machicado.
Por ahora la comunidad universitaria elabora una propuesta de reforma que estará lista el 24 de agosto y será entregada a la Asamblea Nacional, según el presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera.
En Nicaragua, se estima que la mitad de la población son adolescentes y jóvenes, de acuerdo con Machicado y “si solo se aumentan las penas estaríamos criminalizando a los adolescentes”, afirmó.
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