Pasado
“El pasado es un prólogo”.
William Shakespeare (1564-1616); escritor británico.
IGLESIA NO PUEDE CALLAR
Quiero referirme a las declaraciones del presidente Daniel Ortega, el pasado 24 de julio, en las que criticó a la Conferencia Episcopal y a la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo delegando poderes al Apóstol Pedro, los que ahora posee su sucesor, Benedicto XVI. Es cierto que en el pasado algunos obispos no condenaron a la dictadura somocista, pero el que critica desconoce que la mayoría del clero nicaragüense no compartía ese criterio y si no se pronunciaron fue para no dar la imagen de división. En la actualidad la Iglesia católica está unida. El Cardenal Miguel Obando y unos pocos sacerdotes actúan en su carácter personal.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y sacerdotes no pueden callar ante la politización de la justicia, ya que hasta ellos llega el clamor de la ciudadanía afectada, donde el poder judicial no dicta sentencias apegadas a derecho, como es el caso que ha salido a luz pública, convirtiendo en cómplice a una víctima de violación, como es el caso de la joven Fátima Hernández.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua tiene la autoridad moral para hacer una crítica sana y constructiva en la procura de evitar situaciones que tengamos que lamentar. Por lo tanto, es deber de la Iglesia Católica señalar aciertos y errores.
Si algunos miembros de la Iglesia Católica nicaragüense, cometieron errores en la época del somocismo, la Iglesia tiene la potestad de rectificar.
Ortega que quien cometió muchos y graves errores en su primer gobierno, los cuales han sido reconocidos por varios dirigentes del FSLN, quizá se pueda arrepentir y dejar de cometer los mismos errores del pasado, ya que sería de beneficio para todos los nicaragüenses.
Sería bueno que la campaña de propaganda que tanto pregona el gobierno «Cristiano, Socialista, Solidario», sea una realidad en la práctica.
Luis Solórzano
LA FE NOTARIAL
De acuerdo a la ley, el Notario Público, es un funcionario del Estado, ya que cumple una tarea muy importante de dar fe de hechos que ocurren ante su presencia. No es lo mismo que Juan Pérez exprese algo ante otra persona digamos Pedro Potoy, a que realice ese mismo acto ante un Notario Público. Al hacerlo ante Pedro, éste se convierte en un testigo de lo ocurrido, fácil de contradecir y sujeto a otras pruebas para demostrar que es verdad o no lo que afirma.
Lo efectuado ante el notario público, se supone que es real, existente y aunque se puede probar lo contrario, es muy difícil, ya que el Estado le ha conferido una función especial, que es dar fe pública de lo que sucede ante él.
La fe notarial es una atribución que es concedida por el Estado y salvo prueba en contrario, lo que afirma un notario público debe tenerse por cierto y no ser sujeto de cuestionamiento, revisión por otro funcionario o solicitar otros documentos para comprobar que es cierto lo que dice el notario público. Demasiado poder dirían algunos, con tal facultad se pueden cometer muchos abusos e incluso ilegalidades; es cierto, pero la responsabilidad recae en el notario público si falta a la verdad y a la ley, es susceptible de sanciones administrativas e incluso penales.
Con el transcurrir de los años y proliferación de profesionales del derecho y autorización de notarios públicos sin la menor ética, el notariado se ha convertido en un tramo mercantil en extremo peligroso, ya que por ganar, algunos notarios públicos dan supuestamente fe de actos que no existieron, falsean datos y por dinero o amistad hacen comparecer personas que no comparecen ante su oficio notarial y para colmo se jactan de que le prueben lo contrario.
Siendo la fe notarial sumamente importante, la persona que necesite los servicios de un notario público, no debe guiarse por el precio bajo que ofertan muchos comerciantes del derecho, sino por el prestigio y profesionalidad del notario público, un documento bien redactado, otorgado conforme ley y ante un notario público serio, representa seguridad y garantía.
La desconfianza en los documentos públicos otorgados ante notario público, son parte de un proceso de descomposición social, tolerancia e impunidad y falta de seguimiento ante ilegalidades y abusos de parte de las autoridades encargadas de control y supervisión y autorización a personas sin evaluar su calidad moral y antecedentes delictivos.
La función notarial cumple una importante misión en la sociedad y su sobrevivencia o muerte como institución depende del prestigio, seguridad y sanción a los abusos que se presentaren en su ejercicio debidamente comprobados; su incompatibilidad con otra función pública para garantizar la imparcialidad, transparencia y duplicidad de cargos, así como su otorgamiento a personas dignas de ejercer tan noble y delicada profesión como es la de dar fe, de asegurar de manera legal que un hecho es cierto, que es verdadero, para garantía de las transacciones económicas y la paz social.
Mario Ruiz Castillo
FARSA ELECTORAL
Nuestra Constitución Política señala en el arto. No. 2: “El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas puedan arrogarse este poder de representación”. Únicamente los ciudadanos votantes, sus votos sumados imparcialmente, eligen autoridades, construyen y perfeccionan el rumbo económico, político y social del estado.
Las elecciones generales, regionales, municipales, referéndum, plebiscitos, son instrumentos democráticos que determinan la voluntad del “Pueblo Soberano”. Deben ajustarse a los principios fundamentales señalados en nuestra Constitución Política, en la ley electoral, para que se consideren prácticas democráticas típicas y los ciudadanos asistan a las urnas confiados en su poder de elegir y auto determinarse, en libertad, llenos de esperanzas y dignidad.
El actual proceso electoral violenta el espíritu y la voluntad democrática señalada en los principios fundamentales de nuestra Constitución, artos. 1, 2, 3, 4, 5 y quebranta los artos. 7, 51, 129, 130, 138, 147-4a, 170, 182, 183, 191. El CSE de facto promueve elecciones irregulares, viciadas, llenas de nulidades, producto de una voluntad dictatorial.
El presidente Daniel Ortega gobierna despóticamente al país, subyugando la autoridad y autonomía de los otros poderes e instituciones del Estado al prorrogar en sus cargos a ex funcionarios; una potestad exclusiva del Poder Legislativo. Destruyó la legalidad del CSE, su función de árbitro electoral ecuánime, cuando prolongó a exmagistrados electorales en el cargo. Igualmente su candidatura presidencial infringe los límites constitucionales establecidos en los artos 51, 147-4a, también pretende manosear los resultados electorales con magistrados inicuos, falta de transparencia y de observación electoral.
Valoremos la disyuntiva de continuar con la actual “farsa electoral” saturada de prevaricaciones contra la Constitución Política y la Ley Electoral, por parte de la CSJ, el CSE, el presidente Ortega y la ineptitud parlamentaria. Igualmente la participación cómplice de la “oposición democrática” mancilla los derechos humanos fundamentales y los principios electorales aceptados universalmente. “Una anarquía por legalizar con el voto ciudadano” circunstancias humillantes para la dignidad humana. Otra opción es: convocar a una “Asamblea Constituyente” para que redacte un nuevo Estatuto Fundamental o Pacto Social Contemporáneo el que deberá consultarse al soberano para mejorase, aprobarse, respetarse y defenderlo todos cívicamente. El arto. 191 constitucional refiere: La iniciativa de reforma total de nuestra Constitución requiere de 47 diputados. ¡Legisladores, políticos, candidatos; asuman su responsabilidad y rescaten su decoro, por Nicaragua!
José Miguel Fajardo Cisneros
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
