Pese a la negativa de la Policía de Rivas, de una supuesta suspensión de oficiales de esa delegación por estar vinculados a presuntos actos de corrupción, la orden número 017-11 de la Inspectoría General de esa institución dice lo contrario.
Por medio de esa orden, el inspector general de la Policía, comisionado general Juan Báez, firma la suspensión temporal de sus funciones para cinco de los uniformados ubicados en esa delegación, a petición de la jefa de la delegación, comisionada mayor Dora Isabel Galeano Gómez.
Báez menciona que para ello Galeano esgrimió los siguientes argumentos: “Por presuntos actos violatorios graves a la ley, reglamentos, disciplina policial, normas de control de trabajos específicos de corrupción”.
LA PRENSA publicó el 30 de julio que varios policías estarían implicados en sospechoso caso de corrupción.
Ante dicha publicación, la Policía de Rivas reaccionó con un escueto comunicado el pasado 1 de agosto, diciendo que son totalmente “falsos” los señalamientos de la publicación.
La Policía también atribuye las publicaciones a un supuesto interés por “denigrar y desprestigiar la institución”.
POLICÍA CALLA SOBRE “PÉRDIDA” DE DROGA
Sin embargo, la jefatura policial no responde directamente a los señalamientos que hacen fuentes extraoficiales de supuesta pérdida de droga, tanto en el sector de Brito, Tola, en abril pasado, como hace ocho días, con un nuevo cargamento que presuntamente fue incautado y tampoco fue reportado en su totalidad.
La fuente confió que se trata de un cargamento que supuestamente introdujo un narcotraficante rivense, a quien solo identifican como “El Chinillo”, a quien le habrían ocupado todo el cargamento.
“Rivas (la Policía) cae encima y se pierde la mitad de la droga”, dijo el informante.
En esa ocasión las fuentes extraoficiales filtraron a LA PRENSA que al menos nueve agentes de esa delegación estarían siendo investigados por supuesta corrupción, vinculada al narcotráfico. El dato real es de 10, dijo otro informante.
“Los iban a procesar por crimen organizado pero llegaron a un acuerdo. Los van a retirar (de la institución) con baja, en silencio”, expresó el informante.
LA PRENSA buscó la versión del jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, pero este dijo desconocer lo relacionado con este caso y prefirió esperar para hoy para abordar el tema.
INTENTAN JUSTIFICAR
El texto del comunicado que niega los señalamientos de corrupción, califica de falso el contenido de la publicación periodística.
Dicho documento se emitió en nombre de la jefatura departamental, miembros del consejo ampliado y miembros activos de la Policía de Rivas.
Sin embargo, la resolución de Báez dice lo contrario. Según la copia en poder de LA PRENSA, Báez ordena la suspensión temporal de sus funciones policiales a los suboficiales de apellidos Gutiérrez Aráuz, Marlon Espinoza Gago, López Jarquín, Guerrero Gómez, y Campos Guadamuz, “hasta que su situación legal se dilucide y se tome una medida definitiva”.
El comunicado de la delegación de Rivas alega que existen pretensiones de desprestigiar a la institución.
Esto “por los constantes operativos en donde se les ha incautado droga, dinero y vehículos al crimen organizado y grupos delincuenciales, es que todas aquellas personas que están dolidas por nuestro actuar sin tregua, (es que) están pretendiendo denigrar y desprestigiar a nuestra institución policial”, dice el comunicado policial.
En la publicación de LA PRENSA del pasado sábado, fuentes extraoficiales revelaron que en abril pasado los uniformados habrían reportado únicamente la mitad de la cantidad de droga encontrada en un furgón abandonado en el sector de Brito, Tola.
Posteriormente habrían ofrecido la droga al mejor postor, entre los expendedores internos que se dedican al narcomenudeo.
La Inspectoría manda a los agentes suspendidos a entregar su chapa policial, carné y arma de reglamento asignada. Mientras tanto, les señala que deberán reportarse todos los días ante el oficial de personal.
De ese documento fueron entregados cuatro copias que fueron distribuidas de la siguiente manera: una para los policías afectados, una para la división de asuntos internos, una para división de personal, y otra para archivo.
COMISIONADOS NEGOCIAN RETIRO
Extrañamente, en esa orden de la Inspectoría no aparecen funcionarios que tienen mayor cargo en la delegación policial, quienes han sido mencionados entre los sospechosos de incurrir en actos anómalos y que tienen grado de comisionados.
Extraoficialmente se ha conocido que en septiembre próximo serán pasados a retiro después de ascenderlos a comisionado mayor.
Esto para simular que no existe ningún caso de presunta corrupción. Con ello, tampoco les afectarían las pensiones que es parte de los acuerdos.
Es más, las fuentes señalan que, entre los agentes que supuestamente han incurrido en anomalías, está uno de apellido Baltodano, quien anteriormente ya había sido dado de baja, pero fue reingresado a la institución cuando en ese entonces era jefe de la delegación, el comisionado mayor Carlos Espinoza.
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