US$49 millones atados al Fondo

El principio del fin del programa económico de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará a finales de agosto, hecho que a su vez servirá de puente para encaminar al país a lograr, probablemente en 2012, un nuevo acuerdo.

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El principio del fin del programa económico de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará a finales de agosto, hecho que a su vez servirá de puente para encaminar al país a lograr, probablemente en 2012, un nuevo acuerdo.

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, confirma que el 30 de agosto arribará al país una misión del Fondo a realizar lo que será la séptima y última revisión del programa vigente desde 2007 y que se vence el próximo 4 de diciembre.

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Nicaragua debe emitir normas que establezcan criterios estándares que faciliten la publicación de los estados contables auditados de las cooperativas de ahorro y crédito. Además, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) debe revisar las tarifas del servicio de agua potable.

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Los resultados de la evaluación serán discutidos por el directorio del FMI en Washington, Estados Unidos, probablemente en la tercera semana de septiembre.

Para este año, según recuerda el economista Adolfo Acevedo, están atados al programa 40 millones de apoyo presupuestario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y nueve millones de dólares remanentes del crédito del Fondo, del total de 111.3 millones de dólares comprometidos en el programa firmado en 2007.

IMPUESTOS E INSS

De cara a un nuevo acuerdo con el FMI, Rosales recuerda —en declaraciones a LA PRENSA— que el próximo año el país deberá trabajar en dos reformas: fiscal y del Seguro Social.

Son dos elementos que “cualquier autoridad de Nicaragua va a tener que enfrentar. Es una realidad que va a estar”, subraya.

“Con el empresario privado nos reuniremos (en 2012) con el propósito de establecer una hoja de ruta (plan de acción), para lograr una mayor eficiencia en la recaudación, no solo mejorando la administración tributaria, sino también encontrando recursos que sabemos que existen por las vías de las exoneraciones”, reitera.

La semana pasada la Alianza por la Reforma Tributaria presentó una propuesta que propone revisar las exoneraciones y exenciones fiscales, dejando las establecidas en la Constitución.

Rosales estima que las exoneraciones y exenciones pueden representar alrededor de 260 millones de dólares, o sea alrededor del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

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