Debido a que en Nicaragua la carga tributaria es muy elevada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no va a establecer un impuesto especial con el fin de obtener fondos adicionales para combatir la violencia y el crimen organizado.
- El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, respaldó la posición del ministro de Hacienda, Alberto Guevara, de no crear en el país una nueva tasa impositiva.
El presidente de la cúpula empresarial mantiene que el sector privado ya aporta a la seguridad, lo cual se evidencia en el efecto que tiene la reforma tributaria aprobada en 2010, que ha incrementado la recaudación fiscal en términos nominales.
[/doap_box][doap_box title=»Problema importado» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
- Estados Unidos prometió al istmo asignar 200 millones de dólares para implementar nuevas iniciativas de seguridad ciudadana y protección de fronteras, pero los ministros de Hacienda de Centroamérica insisten que por ser este “un problema importado” desde los países proveedores de drogas, como Colombia, y de los consumidores, como Estados Unidos, estos deben demostrar mayor compromiso y responsabilidad, y por tanto destinar más financiamiento.
[/doap_box][doap_box title=»Tema» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
- “Este tema se agudiza en Centroamérica por el tráfico de droga del sur hacia los Estados Unidos, y del lavado de dinero desde los Estados Unidos para el sur y pasa por Centroamérica.
- Por eso no podemos poner en riesgo los ingresos propios de los países que deben ir destinados a satisfacer los gastos básicos de la población por arreglar un problema que no es nuestro”.
- – Carlos Cáceres, ministro de Hacienda de El Salvador.
[/doap_box]
Aún cuando el propio ministro de Hacienda nicaragüense, Alberto Guevara, reconoce que aunque se necesitan más fondos para destinarlos a reforzar la seguridad en el país, no considera conveniente recargar más el sector empresarial por la vía impositiva.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en su más reciente informe refleja que la carga tributaria y social que se ejerce sobre una empresa en Nicaragua es la más alta de Centroamérica, al representar el 63.2 por ciento de los niveles de ganancia antes de impuestos.
Por tanto, dice Guevara, lo que le corresponde al Gobierno es lograr mayor eficiencia con los recursos de la tributación que se percibe y conseguir el crecimiento de la base de los contribuyentes.
A través de estos mecanismos Hacienda espera lograr que los ingresos del Estado crezcan para asignar así más presupuesto a la Policía Nacional, al Ejército y a las otras entidades a cargo de la estrategia del combate al narcotráfico.
COSEFIN NO LOGRA ACUERDO
Centroamérica espera que la comunidad internacional financie parte de los mil millones de dólares que se necesitan para ejecutar el Plan de Acción para la Seguridad Democrática Regional, que busca afrontar el crimen organizado.
Dicho plan fue acordado por los presidentes de la región en junio pasado. Este establece una estrategia que incluye el concepto de “corresponsabilidad” de parte de los organismos internacionales.
Pero no prosperó entre los gobiernos del istmo la propuesta del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de establecer un impuesto específico regional para combatir la violencia y el crimen organizado.
El acuerdo no fue posible en la Vigésima Quinta Reunión del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin), celebrada en Managua recientemente.
El Cosefin se pronunció para que “los organismos multilaterales definan las políticas para proveer nuevos recursos que no impliquen redefinir las prioridades ya definidas”, para destinarlos a la estrategia de seguridad democrática.
Los ministros de Finanzas de la región demandan que al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo, revisen el esquema de financiamiento de las donaciones y préstamos blandos.
Cosefin acordó se revisen las estructuras tributarias en cada país, pero se advierte que si se incurre a crear más impuestos para la obtención de los fondos demandados, las consecuencias podrían derivar en un mayor endeudamiento público.
No obstante, en Costa Rica, El Salvador y Honduras los gobiernos ya trabajan en crear nuevas tasas impositivas para sus propios planes de seguridad.
Carlos Cáceres, ministro de Hacienda salvadoreño, explicó que a través del impuesto transitorio propuesto buscan recaudar en cuatro años unos 400 millones de dólares.
Cáceres dice que serán usados para los planes de freno a las maras o pandillas. “Nos van a servir para hacer más cárceles, poner más policías en las calles, mejorar las aduanas y la migración”, especificó.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 B
