Directivos de la Asociación de Microfinancieras (Asomif) y del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), han demandado al gobierno de Daniel Ortega que ponga fin a las acciones de fuerza e ilícitas del Movimiento de Productores y Comerciantes del Norte, mejor conocido como No Pago, que mucho daño le causan a la economía nacional.
La demanda fue hecha pública en una conferencia de prensa realizada el miércoles de esta semana, coincidiendo con la suspensión supuestamente temporal de los tranques de carreteras y los plantones de asedio contra las microfinancieras, que perpetraron durante las últimas semanas miembros del movimiento de No Pago morosos con las microfinancieras.
Respaldados con datos los directivos de Asomif y Cosep han demostrado que el movimiento de No Pago carece de justificación para sus actividades de fuerza, las cuales son notoriamente ilegales, y que su objetivo es no pagar las deudas que tienen con el sistema microfinanciero por los créditos vencidos que no han cancelado.
Desde el 2008 hasta lo que va del presente año, las empresas microfinancieras han reestructurado las deudas de 32 mil clientes con un valor en dinero de más de 42 millones de dólares. Solo los miembros del movimiento No Pago se han negado a negociar para reestructurar sus deudas. Por el contrario, lo que han hecho es trancar carreteras que son estratégicas para la producción y el comercio, impedir la libre circulación de las personas y asediar las oficinas de las microfinancieras, agudizando de esa manera el problema en vez de buscar cómo resolverlo.
El sistema microfinanciero dejó de colocar 90 mil créditos en dos años y medio, “al combinarse la crisis financiera y económica mundial (2008-2009) con la inestabilidad interna causada por el grupo de morosos conocidos como los No Pago”, según informaron los directivos empresariales. Agregaron que en lo que resta del año seguirá cayendo la cartera de créditos, en caso de que las microfinancieras no puedan restablecer la normalidad de sus actividades. Y advirtieron que el ciclo productivo actual está en riesgo, “si a las microfinancieras no se les facilitan las ‘condiciones de confianza’ para canalizar la cartera de 71 millones de dólares, que es el monto previsto para financiar a pequeños y medianos agricultores, comerciantes y empresarios”.
Asomif calcula en 15 millones de dólares el monto de la deuda de los No Pago, mientras que los miembros de este movimiento la estiman en 13 millones de dólares. Pero cualquiera que sea la cantidad exacta, lo importante es que las microfinancieras están abiertas a la negociación con cada uno de los morosos para restructurar razonablemente sus deudas, como ya lo han hecho con más de 30 mil deudores que han querido seguir honrando sus deudas, igual que siempre lo han hecho y como lo hicieron todos los productores y pequeños empresarios nicaragüenses, hasta que el sandinismo introdujo la nefasta contracultura económica del no pago.
Asomif y el Cosep exigen al gobierno de Daniel Ortega que actúe “sin dubitaciones” y “no permita que seamos presa permanente del chantaje de grupos organizados actuando fuera de la ley”, demanda que nosotros respaldamos. Por su propia naturaleza el Gobierno existe para resolver los problemas, o al menos para tratar de solucionarlos de la manera más expedita, razonable y eficaz que sea posible. Pero lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Ortega es crear artificiosamente nuevos problemas, o agravar los ya existentes, como hizo en febrero de 2009 con el problema de los deudores de las microfinancieras al incitarlos a que no honraran sus compromisos y que más bien acosaran a sus acreedores.
El gobierno de Daniel Ortega tiene la oportunidad de rectificar en este caso, tomando medidas para que el movimiento No Pago no siga afectando el crédito de los pequeños y medianos productores y comerciantes, que necesitan financiamiento para ganarse la vida e impulsar el desarrollo económico del país. Ortega debe ordenar a sus seguidores que integran y dirigen el movimiento de No Pago, que se responsabilicen por las deudas que tienen con las microfinancieras y que cada uno de ellos negocie su reestructuración, como ya lo han hecho 32 mil clientes de las empresas que están afiliadas a Asomif.
Otra solución sería que Daniel Ortega ordene a la empresa financiadora oficialista Alba Caruna que compre la deuda de los No Pago, y después se las condone o trate de recuperarla en las condiciones que quiera. En cualquiera de esos dos casos para Ortega la solución es sencilla y la tiene al alcance de la mano.
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