GUATEMALA/ACAN-EFE/AFP
Sandra Torres, quien se divorció del gobernante guatemalteco, Álvaro Colom, para aspirar a la presidencia del país, se juega la última carta de su candidatura ante la Corte de Constitucionalidad.
Hasta ahora, esa inscripción como candidata presidencial por los oficialistas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (GANA), para los comicios de septiembre próximo, ha sido truncada por tres fallos del Tribunal Supremo Electoral y por uno, emitido el lunes en la noche, de la Corte Suprema de Justicia.
Ambas instancias han alegado que no aceptan la inscripción por considerar que la ex primera dama incurrió en un “fraude de ley” al divorciarse de Colom para evadir la norma constitucional que impide a familiares del presidente en funciones ser candidatos al cargo.
“Estamos preparando el recurso de amparo y lo presentaremos en las próximas horas” ante la Corte de Constitucionalidad, reiteró ayer César Fajardo, uno de los abogados de Torres, quien indicó que esperan “un resultado favorable” de parte de los magistrados.
Por medio de ese recurso, los oficialistas buscarán que se garantice a Torres el goce de su derecho constitucional de elegir y ser electa, y que se ordene al Tribunal Supremo Electoral inscribirla con candidata presidencial para las elecciones del próximo 11 de septiembre.
Centenares de simpatizantes de la ex primera dama se congregaron este martes frente a la sede de la Corte Constitucional para exigir al máximo tribunal que falle a favor de su candidata.
Líderes de la manifestación aseveraron que llegaron a la sede judicial de forma “voluntaria” y “espontánea”, que no buscaban presionar a los magistrados, sino solo “dar la cara por los pobres del país, que han sido beneficiados” por Torres.
Una encuesta de la empresa privada Vox Latina, publicada el lunes por el diario local Siglo 21, señaló que el opositor y general retirado, Otto Pérez Molina, ganaría las elecciones presidenciales con el 60.4 por ciento en primera vuelta si Torres no logra inscribir su candidatura.
En esa misma encuesta se manifestó que el 72.2 por ciento califica de ilegal la candidatura de Torres y un 61.2 por ciento apoya la decisión de rechazar su inscripción.
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