Quito/EFE
Un tribunal ecuatoriano declaró hoy a seis policías culpables de atentar contra la seguridad interna del Estado el 30 de septiembre de 2010, cuando un alzamiento policial puso en riesgo la estabilidad del Gobierno.
Se trata de las primeras condenas por la sublevación, en la que según el Gobierno participaron 1.199 policías y militares.
Tras más de nueve horas de deliberación, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, la provincia donde se ubica Quito, emitió hoy de madrugada su sentencia contra Rolando Tapia, Francisco Noboa, Patricio Simancas, Marco Tibán, Mario Flores y Carlos Tasinchana.
Todos eran miembros de la escolta legislativa, encargada de proteger a la Asamblea Nacional, y Tapia era el jefe de ese cuerpo.
La Fiscalía les acusaba de impedir que algunos asambleístas ingresaran al recinto y de que se reuniera el pleno de la Legislatura.
El Tribunal dictaminará posteriormente las penas contra los condenados, que están entre dos y ocho años de cárcel, dependiendo de si son considerados autores de los hechos, cómplices o encubridores, según explicó a Efe una fuente de la Asamblea Nacional, que pidió no ser identificada.
La asambleísta Lourdes Tibán, hermana de Marco Tibán, dijo a Efe que apelarán la sentencia, pero que no tienen esperanzas de ganar el recurso porque la justicia «está en manos del oficialismo» y los jueces «están amenazados» por el Gobierno.
«Aquí todo el mundo le tiene miedo al Presidente y ya hay que acudir a los organismos internacionales, porque toda la justicia le tiene miedo», lamentó Tibán, que pertenece al partido indígena Pachakutik, un antiguo aliado del Gobierno que ahora está en la oposición.
Asimismo, consideró que la sentencia no es una resolución jurídica, sino «una decisión política».
Por su parte, el Gobierno dijo hoy a través de su diario oficial, «El Ciudadano», que varios vídeos muestran que la escolta legislativa no cumplió el 30 de septiembre con su responsabilidad de mantener el orden en el recinto parlamentario, «utilizó gases lacrimógenos para bloquear el acceso de los legisladores al plenario» e incluso agredió a varios de ellos.
En cambio, Tibán lamentó que no se detenga a los responsables de las cinco muertes que ocurrieron cuando fuerzas leales al Gobierno y agentes sublevados se enfrentaron el 30 de septiembre en las inmediaciones del hospital donde estaba retenido el presidente, Rafael Correa.
La asambleísta criticó que se condene en cambio a los miembros de la escolta legislativa, que ya recibieron medidas disciplinarias «por no cumplir su rol» al ser expulsados del cuerpo.
Hasta ahora los tribunales han declarado inocentes de participar en la sublevación a cinco personas, incluido el exdirector del hospital César Carrión y Fidel Araujo, vinculado al partido opositor Sociedad Patriótica, agrupación a la que Correa acusó el mismo 30 de septiembre de estar detrás del motín.
Ese día murieron también otras cinco personas fruto de la ola de delincuencia que se desencadenó por la falta de policías patrullando en las calles.
