La Haya/EFE
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, calculó hoy que la detención del líder libio Muamar Gadafi podría no tardar más de dos o tres meses, teniendo en cuenta la voluntad del Gobierno interino de Libia de capturar al coronel.
«No pienso que tengamos que esperar mucho, quizá dos o tres meses», dijo Ocampo en una rueda de prensa tras anunciar que representantes del gobierno interino de Libia, regido por los opositores al régimen, le han expresado su «voluntad de ejecutar el arresto».
El fiscal reconoció que hay una «urgente necesidad» de una negociación en Libia para poner fin al conflicto civil que vive el país desde las revueltas insurgentes el pasado febrero, pero advirtió de que esas conversaciones «tienen límites» y deben respetar «las decisiones de la ONU y de los jueces de la CPI».
Ocampo instó a las autoridades de Trípoli a que cumplan la orden de arresto, ya que «pueden elegir entre ser parte del problema y arriesgarse a ser perseguidos o ser parte de la solución».
Recordó también a las autoridades libias que aunque no sean parte del Estatuto de la CPI, sí deben cumplir con los mandatos del Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien remitió el caso de Libia a la fiscalía de la corte.
«Si Gadafi viaja a un Estado Parte (de la CPI), será arrestado», afirmó Ocampo, quien recordó que su oficina sigue investigando presuntos crímenes en Libia, como encubrimiento de delitos y violaciones.
Los jueces de la CPI ordenaron ayer la detención de Gadafi, su segundo hijo, Saif el Islam, y su cuñado Abdulá el Senusi, quien es el jefe del espionaje del régimen.
Dado que la CPI carece de una estructura policial, depende de los Estados para ejecutar las órdenes de arrestos contra sus encausados.
La orden se ha emitido en un momento en el que se estaba buscando una salida negociada a la crisis, que pasaría por la extradición de Gadafi o que éste, tras abandonar el poder, permaneciera en un lugar desconocido de Libia.
Pero la orden de detención de la CPI podría poner fin a estas opciones, especialmente después de que el mismo Consejo Nacional de Transición manifestara, tras conocer la decisión de la CPI, que no se puede «negociar con criminales de guerra».
Ocampo investiga los crímenes en Libia desde el pasado marzo, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU le remitiese el caso con una resolución tomada de forma unánime.
