La reunión de alto nivel sobre la violencia en Centroamérica, que se ha realizado esta semana en Guatemala con participación de los presidentes de México, Colombia y Centroamérica, de la secretaria de Estado de Estados Unidos de Norteamérica y representantes de España y la Unión Europea, confirmó la gravedad del problema del crimen organizado en esta región de las Américas.
La situación de la criminalidad y la inseguridad pública tiene, como se sabe, dos dimensiones. Una es la del crimen organizado, en el cual se incluye entre otros grandes negocios ilícitos la producción y tráfico de drogas prohibidas, que generan un elevado índice de criminalidad y constituyen la principal preocupación de los políticos gobernantes, tanto por su responsabilidad de mantener la seguridad y estabilidad de los países que gobiernan, como por el temor a ser sustituidos en la posesión del poder por los capos mafiosos que son cada más vez más ricos, poderosos e influyentes.
La otra dimensión de la criminalidad es la que sufre la gente común en las ciudades y zonas rurales, donde los asaltos, robos, homicidios y crímenes de toda clase castigan cruelmente a la población, a diario, a cualquier hora y en el lugar que sea, convirtiendo en burla la aseveración de las autoridades policiales de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica.
En el marco de la reunión de esta semana en Guatemala se volvió a difundir la ya conocida información de Naciones Unidas, de que Centroamérica es actualmente la zona más violenta del mundo, pues ocurren unas 33 muertes causadas por acciones criminales por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio mundial es de ocho por cien mil. Pero es preciso aclarar que no todos los países centroamericanos tienen ese alto índice de criminalidad, el cual es mucho más alto en los estados que integran el triángulo del norte, o sea Guatemala, El Salvador y Honduras, mientras que en Costa Rica el porcentaje es de 11 homicidios por cada cien mil personas, en Nicaragua 13 y en Panamá 19.
Como siempre ocurre en las reuniones intergubernamentales sobre la violencia y el crimen organizado, lo que más se discute en ellas es el financiamiento de la lucha contra la criminalidad. Para algunos gobernantes, lo principal es obtener cuantiosos recursos económicos para supuestamente destinarlos a la lucha contra el crimen, pero en realidad malgastan buena parte de ellos o los desvían hacia otros destinos.
En la reunión de Guatemala se ha cifrado en unos 6,500 millones de dólares, la cantidad necesaria para financiar una lucha efectiva contra la violencia en Centroamérica. No obstante el Banco Mundial y el Banco Interamericano prometieron aportar únicamente 1,500 millones de dólares, en tanto que Estados Unidos, que es el socio rico en esta empresa internacional de seguridad, solo aseguró 40 millones de dólares adicionales a los 260 millones que ya está aportando, para sumar 300 millones anuales.
Sin duda que es muy importante y necesario que los gobernantes se preocupen por mejorar las estrategias y reforzar la lucha contra el crimen organizado, particularmente el narcotráfico que es el que genera la violencia más extendida, sangrienta y cruel. Pero resulta muy difícil entender cómo podrían combatir de verdad el crimen organizado, gobernantes que ellos mismos practican en el poder una especie de crimen organizado de carácter político. Gobernantes que violan la Constitución y las leyes, atropellan el Estado de Derecho y las garantías de los ciudadanos y pervierten la administración de justicia, con el fin de reelegirse o de mantenerse de cualquier manera en el poder. Y ni siquiera hacen eso con la intención de resolver los problemas de la gente, sino para amasar grandes fortunas al amparo del Gobierno y de cierta cooperación económica internacional que en vez de ayudar a los pueblos, ayuda a sostenerse a los regímenes autoritarios y alimenta su corrupción.
Como ha dicho a LA PRENSA el especialista en seguridad pública del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Roberto Orozco, lo primero que hay que hacer es depurar las instituciones del Estado “para que no hayan jueces que emitan sentencias de libertad a favor de narcotraficantes, que no haya corrupción ” Pero depurar la administración de justicia y sanear el Estado en general es imposible bajo el actual Gobierno, que es un generador de corrupción ante todo en y desde el poder judicial.
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