Mientras se aceleran casos políticos en el sistema judicial, como ocurrió con la rápida condena al concejal Luciano García y como ocurre con los cuatro juicios políticos al concejal Leonel Teller, la justicia avanza a pasos de tortuga en casos como la defraudación de la Dirección General de Ingresos (DGI).
“Esta justicia no juzga a los corruptos, ya ves que Walter Porras (exdirector de la DGI, que presuntamente ahora ofrece consultorías sobre temas tributarios), anda libre y ya ves a mí, me enviaron diez notificaciones solo en una mañana para mis juicios políticos”, se quejó Teller, a quien la Contraloría General de la República le dijo que no puede ejecutar ninguna auditoría en la Alcaldía de Managua.
“Mi hijo lleva un año de muerto y aquí en los Juzgados no se condena al asesino de mi niño de 15 años. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que la justicia se aplique? Ese asesino mató a mi hijo y también hirió a otros seis chavalos del barrio y aquí seguimos en juicio”, reclamó en medio de lágrimas y a grito partido Marcia Silva, madre del ahora occiso Jimmy Méndez Hernández.
El juicio por el asesinato del adolescente se ventila en el Juzgado Noveno Distrito de lo Penal.
La justicia orteguista también ha sido ágil cuando se emitió la sentencia 504, que en menos de 48 horas, invalidó la Constitución Política de Nicaragua que inhibe al Presidente Daniel Ortega de ser candidato presidencial otra vez.
“Lo cierto es que la población sabe y percibe que hay retardación de justicia y que también los judiciales responden a intereses partidarios”, dijo Marcos Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH),
Recién la CPDH realizó un estudio que arrojó que 39 por ciento de la población percibe la retardación de justicia.
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