Varias organizaciones de la sociedad civil han propuesto a los candidatos presidenciales y los partidos políticos o alianzas electorales que los respaldan, que asuman públicamente y por escrito un compromiso ético de no fomentar la violencia en la campaña electoral. De cuatro de los cincos candidatos han recibido reacciones positivas, pero siguen esperando respuesta de Daniel Ortega, el candidato a una nueva reelección que está expresamente prohibida por la Constitución Política de la República y por lo tanto es el principal factor de perturbación electoral.
Desde fines de marzo del año en curso se presentó públicamente el proyecto cívico “Los adolescentes y jóvenes en alto riesgo social ¡Valemos, somos ciudadanos también!”, impulsado por los organismos cívicos Fundación Nicaragua Nuestra, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP ) y Programa de Emprendedores Juveniles del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde). Este programa es financiado por la Unión Europea y “está dirigido a promover un clima de conciliación pacífica durante la realización del proceso electoral del 2011, con el objetivo de que los adolescentes y jóvenes en alto riesgo social sean respetados en sus derechos y puedan participar en el mismo de forma cívica, sin manipulaciones partidarias que les reafirmen conductas antisociales”, según expresó la señora Claudia Paniagua, de la Fundación Nicaragua Nuestra, cuando se lanzó el proyecto.
El Compromiso Ético Contra el Fomento de la Violencia en el proceso electoral ha sido firmado ya por los candidatos presidenciales de la alianza PLI-UNE, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la Alianza por la República (Apre). Queda pendiente de firmarlo el candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), quien lo suscribirá próximamente, así como el candidato inconstitucional del FSLN, Daniel Ortega, pero este seguramente no firmará el compromiso ético y ni siquiera responderá a la invitación que le hicieron los organismos cívicos mencionados.
En realidad, por lo que se sabe, el único partido político que ha utilizado a miembros de pandillas juveniles para practicar la violencia física contra sus adversarios, a los que considera y trata como enemigos, ha sido el FSLN de Daniel Ortega. Los otros partidos más bien han sido víctimas de la violencia oficialista, perpetrada por turbas sandinistas a veces reforzadas con pandilleros juveniles. De modo que el candidato que más obligación tiene de comprometerse a no provocar la violencia durante la campaña electoral, por ser su partido el único que la ha provocado y practicado, es el más renuente a adoptar ese compromiso con la paz y la tranquilidad de la nación, y seguramente no lo adoptará.
En un boletín informativo sobre la campaña por el compromiso ético de los partidos y candidatos a no practicar la violencia ni utilizar a jóvenes pandilleros en esa miserable tarea, la Fundación Nicaragua Nuestra dice que “durante las elecciones municipales de 2008, sectores de partidos políticos movilizaron a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, con el fin de que actuaran como ‘fuerzas de choque’ contra sus adversarios políticos, propiciando un incremento de la violencia que a su vez polarizó aún más los barrios y reforzó la cultura de violencia que se vive en ellos”.
En ese boletín no se menciona a ningún partido en particular, pero todo mundo sabe que los promotores de la violencia y quienes han utilizado pandilleros juveniles contra miembros de la oposición y de la sociedad civil, son solo los partidarios de Daniel Ortega. Según declaraciones de pandilleros que participaron en las acciones de violencia política después de las fraudulentas elecciones municipales de noviembre de 2008, y en acontecimientos posteriores, les pagaron cien córdobas por gira a cada uno de ellos; y relataron que en el lugar de la confrontación “atacan al oponente al punto de dejarlo ‘medio muerto’ sin que represente consecuencia alguna para ellos”, o sea que han actuado con absoluta impunidad.
En un proceso electoral lleno de irregularidades, de maniobras fraudulentas, de abusos políticos, de violaciones a la Constitución y la ley comenzando por la candidatura inconstitucional, ilegal e ilegítima de Daniel Ortega; y ante la amenaza de Tomás Borge de que el FSLN va a hacer lo que sea con tal de no perder ni entregar el poder, es razonable la preocupación de los organismos cívicos por la violencia política que pudiera ocurrir y por la manipulación de pandilleros juveniles para volver a usarlos como fuerzas de choque. Una justa preocupación a la que Daniel Ortega, el principal interpelado por la sociedad civil, responde con un significativo y ominoso silencio.
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