Con este mismo título se publicó en LA PRENSA del sábado 11 de junio de 1966, un editorial del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978), en el cual se refería a las garantías electorales que se necesitaban para que la oposición pudiera participar en las elecciones que se iban a celebrar el primer domingo de febrero del año siguiente, 1967, en las que el candidato oficialista era el general Anastasio Somoza Debayle, jefe director de la Guardia Nacional y líder del Partido Liberal Nacionalista.
Aquella situación era prácticamente la misma o muy parecida a la que prevalece hoy, 45 años después, con la diferencia de que el candidato oficialista en las elecciones sin garantías de 1967 era el general Somoza Debayle, y ahora, en 2011, el candidato oficialista de las elecciones sin garantías es el comandante Daniel Ortega.
Es que toda la historia de Nicaragua como país independiente, o sea desde 1821 hasta ahora, salvo breves intervalos, ha sido una historia de elecciones fraudulentas y, por lo tanto, de luchas y demandas de la oposición de garantías electorales, como las que planteaba el doctor Chamorro Cardenal en su editorial del 11 de junio de 1966.
De manera que ahora que está en marcha el proceso electoral que desembocará en las votaciones del 6 de noviembre, sin haber garantías de que el sufragio será respetado, es oportuno evocar aquel editorial del doctor Chamorro Cardenal. No solo por la validez que conserva para la situación actual del país, sino también para reconocer cómo en Nicaragua el tiempo pasa pero la historia no cambia, pues siempre tenemos que estar soportando gobernantes autoritarios y continuistas que se perpetúan en el poder mediante elecciones fraudulentas y ventajistas.
Mencionaba el doctor Chamorro como “elementos indispensables para la pureza del sufragio”, una buena identificación del votante para evitar el voto múltiple, vigilancia de la oposición en las mesas de votación y en los centros de cómputos electorales, recuento público de los votos en presencia de los fiscales de los partidos y con las puertas abiertas a los ciudadanos, actas del escrutinio firmadas por todos los vigilantes y conservando copias cada uno de ellos, entrega vigilada de las actas al organismo electoral superior, participación de los vigilantes de los partidos en todos los organismos electorales y sujeción de la fuerza pública al poder electoral. Y agregaba el director de LA PRENSA, que a esas condiciones indispensables había que agregar otras medidas como la prohibición del tránsito intermunicipal (para evitar el doble voto) y el acarreo de votantes.
La Unión Nacional Opositora (UNO) que se formó en 1966 para enfrentar electoralmente la candidatura de Anastasio Somoza Debayle, acogió aquellas propuesta de garantías electorales planteadas por el doctor Chamorro Cardenal, y las enriqueció con otras que fueron presentadas al gobierno, como condiciones para participar en las elecciones del 5 de febrero de 1967.
Sin embargo, como siempre ha ocurrido con los regímenes autoritarios que se han impuesto en Nicaragua, las demandas de garantías electorales presentadas por la oposición en 1966 no fueron atendidas por el gobierno. Todavía el 22 de enero de 1967, al realizarse en Managua la multitudinaria manifestación de cierre de campaña de la UNO, la dirigencia opositora demandó al presidente somocista, Lorenzo Guerrero Gutiérrez, posponer las elecciones por un tiempo prudencial mientras se reformaba la Ley Electoral y se reorganizaba democráticamente el Tribunal Nacional Electoral —el cual estaba dominado por el somocismo igual que ahora el orteguismo controla el Consejo Supremo Electoral—, y que se invitara a la OEA a observar o vigilar las elecciones.
Pero en vez de atender la justa demanda de garantías electorales presentada por la oposición, el régimen somocista ametralló a los manifestantes de la UNO, impuso a sangre y fuego al general Somoza Debayle en la presidencia, vino después la guerra civil y el derrocamiento de la dictadura somocista, la dictadura sandinista que la sustituyó se resistió a realizar elecciones libres hasta en febrero de 1990, y por fin se realizaron después tres elecciones seguidas con suficientes garantías electorales. Hasta que al ganar Daniel Ortega los comicios de 2006 y recuperar el poder absoluto gracias al pacto con Arnoldo Alemán, el país está otra vez en un proceso electoral en el cual no hay garantías “para una elección pura” y libre.
Es cierto lo que dice el filósofo de Nicaragua Alejandro Serrano Caldera, que en este país el pasado es el presente, y tal pareciera que los nicaragüenses estamos condenados a soportar siempre a gobernantes autoritarios y rapaces, que se perpetúan en el poder a como sea, por la fuerza o mediante elecciones viciadas y fraudulentas.
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