La primera vez que un partido político opositor de Nicaragua demandó al gobierno de turno la observación electoral extranjera, fue en junio de 1961, en las pláticas de la Nunciatura que se realizaron entre el entonces presidente dictatorial de Nicaragua Luis Somoza Debayle y el líder del Partido Conservador y de la oposición nacional, Fernando Agüero Rocha.
Entre los principales puntos de la demanda de la oposición, como garantías para participar en las elecciones, estaban, primero, la separación del general Anastasio Somoza Debayle de la jefatura de la Guardia Nacional, y segundo, observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambas peticiones fueron rechazadas por Luis Somoza, como era de esperarse de una dictadura y aquellas pláticas políticas que pudieron abrir el camino a una transición democrática, terminaron sin resultados positivos.
A nivel internacional, la práctica de que algunos países manden observadores a las elecciones de otros, “ha existido cuando menos desde mediados del siglo XIX”, dice el experto electoral estadounidense e internacional Larry Garber, y “ha evolucionado significativamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial ” Agrega Garber que la Organización de Naciones Unidas (ONU) envió su primera misión de observación electoral a las elecciones de Corea en 1948 y que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Mancomunidad Británica también han enviado desde entonces “misiones a observar procesos electorales por solicitud del país anfitrión o del país que realiza las elecciones”.
Nótese que Garber habla de observación a los procesos electorales, no de observar las votaciones, pues la importancia y garantía de eficacia de este mecanismo democrático externo radica en que todo el proceso electoral sea sometido a la observación, con suficiente anticipación para poder detectar las irregularidades, si las hay, y sugerir las medidas de corrección.
Para las cruciales elecciones del 25 de febrero de 1990, en las negociaciones previas entre el gobierno del FSLN y Daniel Ortega con la Unión Nacional Opositora (UNO) que se realizaron para determinar las reglas de participación en los comicios, se acordó invitar a observadores internacionales para todo el proceso electoral que desembocaría en las votaciones del 25 de febrero. La observación del proceso electoral era precisamente uno de los Acuerdos de Esquipulas II, suscritos por los presidentes centroamericanos el 7 de agosto de 1987, los cuales, en el apartado sobre Elecciones Libres establecieron que se invitaría “a las Naciones Unidas y la OEA, así como a los gobiernos de terceros estados para que envíen observadores electorales internacionales que deberán constatar que los procesos electorales se han regido por las estrictas normas de igualdad, de acceso de todos los partidos a los medios de comunicación social, así como por amplias facilidades para que realicen manifestaciones públicas y todo otro tipo de propaganda proselitista”.
Ha sido tan importante la observación internacional independiente de los procesos electorales, como garantía de transparencia por su metodología e imparcialidad, que fue incorporada en la Carta Democrática Interamericana aprobada por unanimidad por la Asamblea de la OEA en Quebec, el 11 de septiembre de 2001. Y desde entonces a nadie se le había ocurrido cuestionar la observación electoral internacional, hasta ahora que lo está haciendo el gobierno de Daniel Ortega.
Según los criterios democráticos, las elecciones constituyen un proceso de varias etapas que comienza con la convocatoria a los comicios, o sea más o menos diez meses antes de la consulta popular. De manera que evitar o restringir la observación electoral y postergar su reglamentación hasta agosto, como es el propósito anunciado de Daniel Ortega y el Consejo Supremo Electoral integrado por magistrados de facto, haría perder calidad y legitimidad a los resultados de las elecciones del 6 de noviembre próximo.
De por sí, este proceso electoral ya está radicalmente cuestionado por la inconstitucionalidad de la candidatura presidencial de Daniel Ortega, a lo cual hay que sumar todas las irregularidades que están cometiendo los magistrados electorales de facto. De manera que la última posibilidad de salvar —al menos en parte— la credibilidad de estas elecciones, se perdería irremediablemente si la reglamentación de la observación se efectúa hasta en el mes de agosto.
Si así ocurre, la comunidad democrática internacional que apoya a Nicaragua tendrá que tomar una decisión insoslayable: hacerse de la vista gorda, como la OEA, o desconocer por ilegítimas las elecciones del 6 de noviembre y al gobierno de Daniel Ortega que de ellas emane o se imponga.
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