En la actualidad, los golpes de Estado casi no se realizan mediante cuartelazos y conjuras militares. Lo de Honduras ha sido una excepción. Ahora los golpistas recurren a procedimientos sofisticados como, por ejemplo, usar los mecanismos de la democracia para destruir el sistema democrático desde dentro y desde arriba.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el golpe de Estado tradicional consiste en una “actuación violenta y rápida, realizada generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. En la historia de Nicaragua se pueden citar como ejemplos de golpes de Estado de ese tipo, el que perpetró el caudillo conservador Emiliano Chamorro, en enero de 1928, contra el presidente Carlos Solórzano, quien era de su mismo partido; y el que perpetró en mayo de 1936 el general Anastasio Somoza García contra el presidente liberal Juan Bautista Sacasa, del mismo partido al que pertenecía el militar golpista.
Pero los golpes de Estado de ese tipo son cada vez menos frecuentes. Desde que la izquierda populista radical encabezada por Hugo Chávez tomó el poder en Venezuela por medio de una elección popular, lo que ha estado ocurriendo en América Latina es que los golpes de Estado no se realizan contra el poder, sino desde el poder, usando los instrumentos democráticos para destruir la democracia, desvirtuando y retorciendo las leyes, sometiendo y corrompiendo al Poder Judicial y demás instituciones del Estado, reprimiendo a medio gas pero con efectividad a las fuerzas democráticas, usando la justicia y los mecanismos económicos institucionales como instrumentos de represión y chantaje.
Este es el caso de Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, quien ha distorsionado los mecanismos legales para consolidarse en el poder e imponer su candidatura a una nueva reelección que está prohibida constitucionalmente. Si la Constitución establece que solo puede ser modificada por la Asamblea Nacional, es un acto de violencia jurídica y política manipular a la Corte Suprema de Justicia para que dicte un fallo que va más allá de sus facultades, al declarar que la Constitución es inconstitucional en lo que se refiere a prohibir la reelección de Daniel Ortega.
Además, este mecanismo espurio es contrario a la Carta Democrática de la OEA, la cual, sin embargo, se hace la desentendida. La OEA ha desoído las repetidas denuncias del golpe de Estado orteguista por medio de la manipulación legal, que han hecho los diferentes sectores democráticos de la sociedad civil y los partidos políticos de oposición. ¿O es que la OEA espera que la situación de Nicaragua degenere en violencia para comenzar a preocuparse?
El socialista chileno Miguel Insulza, secretario general de la OEA, al tomar posesión de su segundo período en ese cargo, declaró que promovería una política preventiva para no tener que llegar a última hora, como los bomberos, a tratar de apagar incendios. Pero en Nicaragua Daniel Ortega ha dado un golpe de Estado supuestamente legal contra la constitucionalidad y las instituciones democráticas, y la OEA no actúa como prometió Insulza y como está obligada por la Carta Democrática Interamericana.
Si los partidos políticos van a las elecciones del 6 de noviembre próximo, a pesar de todas las manipulaciones fraudulentas del orteguismo, no es para legitimar las maniobras del partido de gobierno sino porque si no asisten pierden el derecho de reclamar y toda capacidad de detener los abusos. Pero además, porque el pueblo no debe renunciar a la lucha por la vigencia del derecho esencialmente democrático de votar y elegir.
Recordemos que las triquiñuelas legales para dar un golpe de Estado silencioso las usó Anastasio Somoza García cuando destituyó por medio del Congreso al presidente Leonardo Argüello, declarándolo sin aptitudes mentales para gobernar, pero Estados Unidos no reconoció al gobierno títere de Benjamín Lacayo Sacasa. Situaciones tramposas como esa supuestamente fueron corregidas por la Carta Democrática de la OEA, pero estamos retrocediendo a ellas, porque lo que está perpetrando Daniel Ortega es lisa y llanamente un golpe de Estado, con la complicidad de una OEA que mira al otro lado. Y con la aceptación de hecho de toda la comunidad internacional.
La observación electoral independiente, si acaso la aceptara Ortega, será a última hora, cuando el paquete del fraude ya esté armado. Pero con todo y eso la gente democrática tiene que salir a votar y a defender el voto, en las mesas de votaciones y donde tenga que ser defendido.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
