Son muchas y muy bien documentadas las denuncias del fraude institucional que viene ejecutando el FSLN, con el propósito de imponer la reelección inconstitucional, ilegal e ilegítima de Daniel Ortega . Y son grandes las amenazas y el temor de que si el fraude institucional que está realizando en el proceso previo a las votaciones no le resulta suficiente, el orteguismo cometería otro fraude en las votaciones y el escrutinio de los votos del 6 de noviembre tan escandaloso o peor que el de las municipales de 2008.
Uno de los principales actos preelectorales fraudulentos, es la manipulación del proceso de cedulación mediante la duplicación de cédulas, así como la entrega preferencial de documentos de identidad a simpatizantes del orteguismo, mientras se les niega o dificulta a los ciudadanos a quienes los organismos de base y de espionaje político del régimen identifican como opositores efectivos o potenciales.
Otro claro signo del fraude electoral en ese mismo campo, es la cedulación de estudiantes de secundaria menores de 16 años —que es el mínimo de edad para tener derecho a votar—, a quienes les regalan las notas de aprobado a cambio de que sus padres y familiares, y ellos mismos por supuesto, vayan el 6 de noviembre a votar por Daniel Ortega y el FSLN.
El empecinamiento de Ortega y su Consejo Supremo Electoral (CSE) en no aceptar una observación electoral nacional e internacional independiente y confiable, solo puede ser un indicativo de que hay algo sucio y anormal que se pretende ocultar.
Por otro lado, el nombramiento de un fiscal electoral sacado de las estructuras aún vivas, activas y perniciosas de la antigua Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) sandinista, revela que hay un claro propósito de encubrir y proteger las arbitrariedades del oficialismo, así como de castigar o intimidar a los partidos de la oposición y sus activistas. Y hay que agregar que más recientemente el Consejo Supremo Electoral ha distribuido de manera discriminatoria los puestos de representación en los organismos electorales intermedios, para que el FSLN pueda colocar allí a sus agentes infiltrados en los otros partidos y marginar a la verdadera oposición.
En fin, son innumerables y es prácticamente imposible mencionarlos en este espacio, todos los actos fraudulentos, ventajistas y arbitrarios que ha venido cometiendo el régimen orteguista en el proceso electoral que está en marcha. Sin embargo es preciso subrayar e insistir en que el acto fraudulento más grande y grotesco es la candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial, la cual está prohibida de manera explícita por la Constitución Política de la República, en su artículo 147, y por lo tanto es absolutamente ilegal e ilegítima.
Todos esos hechos indican que el régimen orteguista no solo tiene voluntad e intención de hacer un fraude electoral, sino que de hecho y contra derecho ya lo está ejecutando en la fase institucional del proceso previa a las votaciones. Y demuestran también esos hechos, que el FSLN tiene la disposición de manipular los votos de los ciudadanos en las elecciones del 6 de noviembre próximo, a fin de asegurar la reelección inconstitucional, ilegal e ilegítima de Daniel Ortega, y atribuirse la mayoría legislativa que necesita para imponer su modelo de Estado autoritario, populista y antidemocrático disfrazado con el nombre de poder ciudadano.
De esta deplorable situación y las inciertas perspectivas del proceso electoral, se podría sacar la conclusión simplista, claudicante y derrotista, o simplemente errónea, de que participar en las elecciones del 6 de noviembre significaría legitimar el fraude y avalar todos los atropellos que está cometiendo el orteguismo contra la democracia electoral.
Pero los ciudadanos no pueden ni deben renunciar a una de sus conquistas democráticas más valiosas y trascendentales, que es el derecho de votar y de elegir. El hecho de que el régimen orteguista ya esté realizando el fraude electoral en su aspecto institucional, y que pretenda completarlo en las votaciones del 6 de noviembre, si fuese necesario, no significa que no se deba luchar por impedirlo.
Y la mejor lucha democrática no es quedarse en casa el día de las votaciones, sino ir a votar y hacerlo por el mejor candidato, por el auténtico demócrata, vigilando cada quien su voto y el de su prójimo, defendiéndolo en la calle y en cualquier lugar que sea necesario. A propósito de esto tal vez sea bueno recordar, que muchas de las grandes revoluciones democráticas del mundo han comenzado con la lucha por el derecho a votar y por defender el voto cuando los dictadores se lo roban o se lo quieren robar.
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