La alianza electoral PLI-UNE, la cual postula la candidatura presidencial de don Fabio Gadea Mantilla y para vicepresidente al doctor Edmundo Jarquín Calderón, ha rectificado su anterior decisión inconstitucional de inscribir como candidatos a diputados, a dos alcaldes que no renunciaron a sus cargos por lo menos un año antes de las elecciones del próximo 6 de noviembre, tal como lo manda la Constitución Política de la República.
En efecto, el artículo 134 de la Constitución dice expresamente: “No podrán ser candidatos a diputados propietarios o suplentes: a. Los ministros, viceministros de Estado, magistrados del Poder Judicial, del Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el procurador y subprocurador general de Justicia, el procurador y subprocurador para la defensa de los Derechos Humanos, el fiscal general de la República y el fiscal general adjunto de la República y los alcaldes, a menos que renuncien al cargo doce meses antes de la elección”.
El viernes de la semana pasada, en este mismo espacio editorial criticamos a la alianza PLI-UNE al señalar que “demuestra falta de coherencia democrática y pierde autoridad en su denuncia de la ilegitimidad de la candidatura presidencial de Daniel Ortega —porque este viola flagrantemente el artículo 147 de la Constitución—, al llevar como candidatos a diputados a alcaldes que se mantienen aferrados a los cargos edilicios; y por lo tanto violan también de manera flagrante el artículo 134 de la Constitución, el cual dice expresamente que no pueden ser candidatos a diputados los alcaldes, ‘ a menos que renuncien al cargo doce meses antes de la elección’ ”.
Nos referíamos a la inscripción como candidatos a diputados por la alianza PLI-UNE, de los alcaldes liberales del municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, y del municipio de Siuna en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Sin embargo, ahora la alianza electoral PLI-UNE ha anunciado que retirará de sus listas de candidatos a diputados a esos alcaldes que están inhibidos por la Constitución, y los sustituirá con personas que no tengan impedimentos constitucionales ni de ninguna otra clase.
En realidad, independientemente de que, en general, la política que se practica actualmente en Nicaragua es corrupta y matrera (o sea pérfida, engañosa, cimarrona y mañosa), o más bien dicho, precisamente por eso, quienes están ofreciendo a la nación una alternativa distinta — no solo democrática sino también transparente y ética—, tienen la obligación de actuar conforme a lo que predican.
Es cierto que el FSLN, basado en el predominio que ejerce sobre los diversos poderes del Estado gracias al pacto con Arnoldo Alemán y el PLC, está imponiendo la candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial a pesar de que la Constitución, en su artículo 147, prohíbe de manera expresa la reelección en períodos consecutivos y a quien ya ejerció la presidencia dos veces. Pero el atropello del FSLN y de Daniel Ortega a la Constitución, al Estado de Derecho y a la decencia jurídica y política, no justifica que los demás partidos lo hagan también en cualquier forma, mucho menos una alianza política que promete respeto a la legalidad y al Estado de Derecho y transparencia de todos los actos públicos.
Decimos lo anterior porque precisamente la inscripción inconstitucional de los dos alcaldes como candidatos a diputados por la alianza PLI-UNE, se quiso justificar con el argumento de que es peor la violación constitucional que está cometiendo el FSLN, y personalmente Daniel Ortega, con la inscripción de su candidatura presidencial ilegal e ilegítima. Y que, además, el FSLN ha inscrito a varios vicealcaldes entre sus candidatos a diputados, como son los casos de la vicealcaldesa de facto de Managua, la vicealcaldesa igualmente de facto de Jinotega, y la vicealcaldesa de Matagalpa.
Pero aun suponiendo que los vicealcaldes, aunque no se les menciona en el artículo 134 de la Constitución están incluidos en la disposición de que los alcaldes, para ser candidatos a diputados tienen que renunciar por lo menos un año antes de la elección, lo que haga el FSLN no autoriza a la oposición a hacer lo mismo ni nada que se parezca, mucho menos a una alianza electoral que enarbola como bandera la revolución de la honestidad.
De manera que es encomiable que la alianza PLI-UNE haya rectificado su errónea decisión anterior, cualquiera que haya sido el motivo que la llevó antes a cometer el error, y ahora a corregirlo.
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