El expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fuera derrocado el 28 de junio de 2009 por haber pretendido atropellar la Constitución de la República para mantenerse en el poder más allá de su mandato constitucional, regresa hoy a Honduras en forma triunfal, en hombros de la OEA y de los gobernantes que son sus aliados y protectores.
Zelaya llegará a eso de las 11:00 de la mañana al aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa, donde debe esperarlo una multitud de sus partidarios agrupados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que es una abigarrada formación política de extrema izquierda. Luego la multitud se dirigirá a la plaza “Isis Obed Murillo”, donde tendrá lugar un mitin de masas para celebrar el regreso del derrocado expresidente hondureño.
De hecho el retorno de Zelaya es un relanzamiento del objetivo que se ha planteado el FNRP, de tomar o recuperar el poder político para cumplir el plan -interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009—, de integrar a Honduras en la alianza Alba e implantar en este país el “socialismo de siglo XXI”, que es liderado por Hugo Chávez y financiado con los cuantiosos recursos petroleros de Venezuela.
El retorno realmente victorioso de Manuel Zelaya a Honduras, ha sido posible gracias al Acuerdo de Cartagena de Indias, Colombia, suscrito el domingo 22 de mayo por el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el derrocado expresidente Manuel Zelaya. Este acuerdo, auspiciado por los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, contiene 9 puntos de los cuales los principales son los 4 siguientes: primero, el retorno de Zelaya con plenas garantías de seguridad para él y sus seguidores, y el compromiso gubernamental de que no será sometido a ninguna causa judicial; segundo, garantías de respeto y protección de los derechos humanos; tercero, inscripción legal del FNRP como partido político con pleno derecho de participación electoral y con representación en el órgano electoral del Estado; y cuarto, reconocimiento del plebiscito y el referendo como medios institucionales indispensables para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, cual es la demanda principal de Manuel Zelaya y el FNRP.
No fue fácil que este último punto quedara establecido con esa condición del plebiscito y referendo en el Acuerdo de Cartagena de Indias, el cual se comenzó a trabajar después que el 9 de abril del corriente año, el presidente hondureño Porfirio Lobo se reuniera en Colombia con el presidente colombiano Juan Manuel Santos y con el mandatario venezolano, Hugo Chávez. Solo después de 19 borradores fue posible aprobar el documento, al parecer por la insistencia del zelayismo en que en el mismo acuerdo se debía convocar directamente a una asamblea constituyente, sin pasar por el requisito previo del plebiscito y el referendo como finalmente quedó establecido.
Aparentemente, el Acuerdo de Cartagena de Indias que garantiza el regreso de Manuel Zelaya a Honduras con plenas garantías de inmunidad e impunidad; que manda a inscribir al FNRP como partido político pasando por encima de los requisitos y trámites que la ley establece para el reconocimiento jurídico de cualquier partido; y que establece la convocatoria mediante previo plebiscito y referendo a una asamblea constituyente para decidir o no el cambio de modelo de organización del Estado, es una fórmula de reconciliación nacional que debe satisfacer a todas las partes involucradas en el conflicto político hondureño. Además, el acuerdo sienta las bases para el reingreso de Honduras a la OEA y al Sistema de Integración Centroamericano. Así lo presentó retóricamente el presidente Porfirio Lobo en un mensaje a la nación para informar sobre el contenido y las implicaciones del Acuerdo, pero está por verse si es verdad que habrá tal reconciliación nacional entre todos los hondureños.
En realidad, es obvio que el triunfador en esta tragicomedia es Manuel Zelaya con el FNRP y su proyecto de convertir a Honduras en un Estado vasallo del Alba y del socialismo del siglo XXI, como Nicaragua. Todo eso con la complicidad de una OEA claudicante, que rechazó con energía el golpe de Estado de Honduras para defender la democracia, pero se hace de la vista gorda ante los golpes de Estado “legales” contra las instituciones democráticas, como el que está perpetrando Daniel Ortega en Nicaragua.
Ciertamente, el caso hondureño ha demostrado que la OEA es beligerante contra los golpes de Estado de derecha, aunque sean para defender la democracia, pero claudicante con los golpes de Estado de izquierda, aunque sean para destruir la democracia.
