QUITO/EFE
Expresar una opinión que ofenda al Presidente o a una autoridad puede significar una pena de seis meses a dos años de prisión o una demanda millonaria en Ecuador, según el artículo 30 del Código Penal, una perspectiva a la que se enfrentan una veintena de periodistas, según la ONG Fundamedios.
Ecuador es uno de los pocos países de América donde se mantienen las llamadas “leyes de desacato”, muchas de ellas elaboradas durante dictaduras militares. México, Panamá, Brasil, Uruguay y Costa Rica las han derogado en los últimos años y la Corte Constitucional de Colombia las examina, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ecuador va contra corriente y su uso ha aumentado, expresó César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización no gubernamental que acaba de presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que se supriman esas normas.
Una de esas demandas la interpuso en marzo pasado el Presidente del país, Rafael Correa, contra directivos y un editorialista del diario El Universo, para los que ha pedido tres años de prisión y una indemnización de 80 millones de dólares. El motivo es un artículo de opinión que decía que Correa había ordenado abrir fuego “a discreción” contra el hospital en el que estuvo retenido el 30 de septiembre de 2010 durante un alzamiento policial.
El gobernante, que mantiene una relación muy tensa con los principales medios de prensa privados del país, ha aseverado que se trata de “una acusación gravísima” y ha invitado a todos los ciudadanos a responder como él “a esa prensa corrupta cuando los difame”.
Los 20 juicios actuales contra los periodistas incluyen demandas interpuestas por alcaldes, asambleístas, una ministra, y otros funcionarios públicos, en algunas de las cuales se piden penas de cárcel y en otras solo indemnizaciones.
Tras anunciarse la querella de Correa contra El Universo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su “preocupación” por el uso de las leyes de desacato en Ecuador, dado que “podrían conducir a la imposición de sanciones desproporcionadas” a personas que critiquen a funcionarios.
Además, la Comisión alertó de que las leyes de desacato pueden ser un mecanismo de “censura indirecta, dado su efecto amedrentador”.
Ricaurte denunció que en Ecuador algunos periodistas “prefieren callarse” ante la amenaza de cárcel y que ciertas demandas “son instauradas justamente con esa intención”.
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