Los concejales Leonel Teller (liberal) y Luciano García (conservador) , están siendo procesados por supuestos delitos de injurias y calumnias, debido a que denunciaron actos de corrupción en la Alcaldía de Managua. Sin embargo el concejal Teller declaró que quien está en el banquillo de los acusados es el pueblo de Managua, porque lo que ellos han hecho es velar por los intereses de la población.
En realidad, el juicio contra los dos concejales opositores es un proceso político, porque el Poder Judicial no es independiente sino que está subordinado al partido gobernante. Peor todavía, está sometido a la voluntad de un caudillo que gobierna de manera autoritaria y pretende perennizarse en el poder. El Poder Judicial de Nicaragua no administra justicia, sino que satisface la voluntad del caudillo gobernante. La administración de justicia es utilizada como instrumento de represión, contra los disidentes y opositores que se atreven a protestar contra las arbitrariedades gubernamentales, denunciar los abusos del poder y reclamar justicia.
Ciertamente, el juicio a Teller y García es una represalia por las denuncias que hicieron sobre hechos irregulares que, a juicio de ellos, han ocurrido en la comuna capitalina; denuncias que en su oportunidad fueron presentadas en la Contraloría y la Fiscalía, y verificadas en un juicio en el cual un par de peces flacos fueron encontrados culpables y condenados.
Según los abogados defensores de García y Teller, en el juicio contra estos no se están respetando las garantías del debido proceso. Pero aparte de eso se trata de un juicio represivo, con el propósito de castigar o al menos amedrentar a los concejales opositores. Y además significa una amenaza en general para que nadie se atreva a presentar denuncias de la corrupción gubernamental, mucho menos hacerlas públicas a través de los medios de comunicación social. O sea que es un juicio notoriamente político.
En realidad, la represión que se está practicando por medio de la administración de justicia politizada y sometida al régimen neodictatorial de Daniel Ortega, en el fondo viene a ser lo mismo que la represión directa que practicaba la dictadura tradicional de la familia Somoza, sin perjuicio de que el régimen somocista también reprimía mediante farsas judiciales, para ufanarse de que en su gobierno no habían prisioneros políticos, solo presos comunes.
La utilización de los órganos estatales de justicia como arma represiva de los poderes dictatoriales y despóticos, es algo tan viejo como la misma sociedad humana. Ya en la antigüedad griega el filósofo Sócrates predicó que la justicia, para serlo realmente, debía ser impartida por jueces capaces de escuchar con cortesía, de responder con sabiduría, de juzgar con prudencia y, sobre todo, de decidir con imparcialidad.
Mucho tiempo después, cuando se incubaba la época moderna, el eminente pensador jurídico y político francés, Carlos Secondat de Montesquieu (1689-1755), advirtió que la administración de justicia es un “poder terrible” en las manos de los hombres. Y de allí que alertara sobre la necesidad de que el Poder Judicial fuese independiente. Estando unida la administración de justicia al Poder Legislativo, señaló Montesquieu en El espíritu de las leyes , “el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador”; y estando sometido al Ejecutivo, el Poder Judicial “sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”.
Eso lo escribió Montesquieu en el año de 1748 y sus consejos y principios fueron atendidos y adoptados por todas las naciones civilizadas del mundo, inclusive en Nicaragua, desde el siglo XIX, a pesar de todas las limitaciones derivadas de la defectuosa cultura política nicaragüense. Pero ahora, como resultado del enorme retroceso institucional y en valores que significa el régimen de Daniel Ortega, 263 años después de que Montesquieu escribiera El Espíritu de las Leyes, en Nicaragua impera otra vez una barbárica situación en la que el Poder Judicial está subordinado al Poder Ejecutivo y en consecuencia “actúa como un agresor”.
De manera que tiene razón el concejal procesado por el régimen orteguista, al decir que no es él, en lo personal, sino el pueblo de Managua el que está en el banquillo de los acusados. Más aún, son la justicia, la democracia, la libertad de expresión, el principio de la separación e independencia de poderes y el espíritu de Montesquieu, los que están en el banquillo de la corrupta, politizada y por lo tanto falsa justicia orteguista.
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