Gobierno no quiere su ley del INSS

La ley fue aprobada el 12 de mayo del 2005, y se le conoció como Ley 530, y era tan “bondadosa” que en su momento se pensó que llevaría a la quiebra al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por la cantidad de beneficios que le otorgaba a los pensionados.

A pesar de eso, no se entiende cómo en aquel entonces el FSLN siendo oposición elaboró una ley que en teoría beneficiaba a miles de pensionados, que ahora estando en el poder saca nuevas propuestas para reformar el Seguro Social que son todo lo contrario a la Ley 530, según se desprende de expertos consultados por LA PRENSA.

Para el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, esto se debe a que en aquellos años la ley que elaboró el Gobierno buscaba otros objetivos, que no eran precisamente velar por los necesitados.

Según Navarro, el sandinismo la hizo para “chantajear” y obtener concesiones del presidente Bolaños, porque sabían que esa ley dejaría a Nicaragua fuera de los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La presentaron como una bandera de lucha reivindicativa de los derechos de los asegurados, pero la presentaron para chantajear, porque eran propuestas populistas, se hablaba de que los jubilados recibirían más pensión y que las mujeres antes de los 55 años se podían jubilar. También reconocía lo que ahora no quieren reconocer, que es el derecho de las pensiones reducidas por vejez a las personas que no alcanzaban las 750 cotizaciones”, explicó Navarro.

Agregó que la ley no pasó a más porque Ortega y Bolaños “pactaron” (la Ley Marco).

¿Pero qué indicaba en concreto la Ley 530, publicada en su momento en La Gaceta número 225 del 20 de noviembre del 2006, y que meses después, el 12 de marzo 2008, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)?

BUSCABA BENEFICIOS

Martín Israel Ruiz, un experto en Seguridad Social y que trabajó en la elaboración de la misma cuando se desempeñaba como asesor de la bancada sandinista en esos años, dijo que efectivamente la ley otorgaba una serie de beneficios para los jubilados.

Para ejemplificar, dijo que cuando una persona alcanzaba los 60 años de edad, que es la edad para jubilarse actualmente, tenía la opción de seguir laborando y recibir su pensión del INSS.

También señalaba que si por alguna situación el cotizante sufría un dolor o accidente lejos de la clínica donde está asegurado, podía ser atendido en cualquier hospital, y después su clínica previsional se encargaría de “arreglarse” con la institución que lo atendió. Es decir, pagar los gastos en que incurrieron para atenderlo.

“Se garantizaba el reajuste de pensión periódica y se trabajaría en la ampliación de la cobertura, incluyendo a los trabajadores del campo, las domésticas, mineros y todos aquellos trabajadores que no estaban en la cobertura”, explicó Ruiz.

ACTUALMENTE NO HAY TRANSPARENCIA

Otros beneficios que también se incluían, por decirlo así, es que el INSS debía publicar semestralmente “el estado de las inversiones y los resultados financieros del instituto. En la actualidad se desconoce qué hace dicha institución con el dinero de los cotizantes, pero se maneja hay una reserva técnica de 11,400 millones de córdobas.

Dinero que según declaró en un medio oficialista en agosto del año pasado, Roberto López, presidente ejecutivo de esa entidad, permitiría pagar por poco más de tres años la totalidad de las pensiones de los jubilados, en caso hipotético que en este momento se dejaran de percibir las cotizaciones.

Para el especialista Ruiz, con la nulidad se perdió la oportunidad para obligar finalmente al Estado a saldar las cuentas pendientes que tiene con la institución.

CHARANGA CON EL DINERO DE COTIZANTES

Según el experto, en la ley se ordenaba que vía Presupuesto General de la República debían destinarse 350 millones anuales hasta saldar la deuda, que en ese entonces se calculaba que andaba por el orden de los 15 o 20 mil millones de córdobas.

“El Estado llámese ministerio, alcaldías u otra institución, cobra las cotizaciones y no las reporta. También hacen préstamos y no los pagan. Tampoco pagan desde hace tiempo el 0.25 que deben entregar por el seguro de maternidad, enfermedad y vejez de sus empleados, eso va sumando. Las pensiones que se entregan a las viejas glorias del deporte y servicios a la Patria, tampoco las han pagado, de ahí viene la deuda del Estado”, explicó Ruiz.

Y aunque hasta el próximo año se discutirán las reformas a la Ley General de Seguridad Social , surge ahora una pregunta

¿Por qué ahora que el sandinismo está en el Gobierno no retomó los aspectos positivos de la Ley 530?

La respuesta como tal se desconoce aún, pero expertos y sindicalistas han señalado durante esta semana que las reformas que pretende implementar tendrían el visto bueno del FMI, ya que está dirigida a recaudar más recursos obviando la parte social.

COTIZANTES PUEDEN HACER SUS CÁLCULOS

Por lo que de aprobarse tal y como está la propuesta, la edad para jubilarse sería hasta los 65 años de edad para los que nacieron a partir de 1975.

En el caso de los que nacieron entre 1969 y 1970, se podrían jubilar a las 62. Y para los que nacieron entre 1973 y 1974, hasta los 64 años se jubilarían.

La cantidad de años para cotizar se duplicarían de 15 a 30, y como si fuera poco se tendría que aumentar de manera progresiva en un plazo de diez años, un cuatro por ciento la tasa de cotización.

LA PRENSA se contactó vía telefónica con el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez para conocer su versión al respecto. Brevemente dijo vía telefónica que en la página web del Banco Central de Nicaragua (BCN) podía leer claramente que la discusión de una reforma estructural al INSS se haría hasta el 2012.

Respecto a las críticas de los especialistas de que las propuestas del Gobierno están hechas a la medida del FMI, dijo que no reaccionaba a “estupideces y manipulaciones de estos señores, quiero tener un debate serio con gente responsable”, expresó Gutiérrez.

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