Por Juan Carlos Tijerino y Lucía Navas
Ampliar el número de cotizantes, que las alcaldías comiencen a cancelar lo que deben y que la gente cotice conforme a lo que gana son algunas de las medidas que el especialista en seguridad social Martín Israel Ruiz considera que pueden implementarse para mejorar el aspecto financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para que este pueda dar respuesta al pago de las pensiones.
Aunque aseguró que esto no significa que la Ley General de Seguridad Social no requiera una reforma, dijo que estas son medidas viables que en un corto plazo comenzarían a dar resultados favorables.
Según Ruiz, en la actualidad hay casi dos millones de personas que están trabajando en el país, pero de estas solo 500 mil cotizan.
Para Ruiz, si en un lapso de cinco años se logra incorporar al Seguro a unos 250 mil nuevos cotizantes, el INSS obtendría más recursos.
“Actualmente la cobertura anda por el 25 por ciento, pero si logramos incluir a los trabajadores de la construcción, los mineros, taxistas y domésticas, el techo de cobertura se ampliaría; por eso considero que si se amplía hasta un 50 por ciento en unos cinco años, la situación mejorará”, reiteró Ruiz.
Agregó que otra alternativa a aplicar sería que las alcaldías comiencen a pagarle al INSS todo lo que le deben.
En el caso de las alcaldías, recomendó que se puede comenzar con una especie de firma de convenio donde las comunas se comprometan a pagar una cuota mensual.
“Es necesario también que el Estado asuma con el INSS una deuda que tiene pendiente y que en la Ley 539, que la Asamblea aprobó en 2004-2005, se reconoció. Tengo entendido que debía pagar vía presupuesto una cuota mensual, pero en todo caso tiene obligación, así como pagó los Certificados Negociables de Inversión (Cenis)”, indicó el especialista, quien dijo que esa deuda el Estado la ha venido arrastrando desde hace varias décadas.
“Dicen que la deuda es millonaria y se originó por los pagos que no ha hecho, incluido préstamos y las pensiones no contributivas que se han hecho”, dijo Ruiz.
HAY QUE PRESENTAR PROPUESTA
El experto también hizo un llamado a que diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo a organismos de derechos humanos, sindicatos, empleadores y universidades, se reúnan para que elaboren una propuesta acorde con la realidad del país.
Por ejemplo, señaló que no es posible que en la actualidad las personas que más ganan solo estén pagando el techo salarial establecido en la actual Ley General del Seguro Social.
Según Ruiz, la legislación establece que una persona, aunque gane más de 80 mil córdobas, debe cotizar como si ganara 36,500 córdobas.
Es decir que los diputados, que ganan al rededor de cuatro mil dólares con todo y sus beneficios, solo pagan como si ganaran 36,500.
Con todo y que se apliquen estas recomendaciones, Ruiz dijo que siempre será necesario que se reforme la Ley General del Seguro Social; eso sí, sin la intromisión de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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NO DESCARTAN NADA
Para el sector privado, todas las opciones que presenta el Gobierno para mejorar la posición financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) son válidas de discutir, con tal de evitar que la entidad entre en una crisis profunda que la haga quebrar.
La posición de José Adán Aguerri , presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), es que, con base en los estudios actuariales mostrados por el Gobierno, hay un claro riesgo que de no reformar el actual sistema de pensiones el INSS entre en una seria crisis financiera.
“Este es un tema que necesita de consenso, pero también de sacrificio de todos los sectores”, reaccionó Aguerri, al afirmar que los empresarios no descartan ninguna de las propuestas oficiales.
“Aquí la realidad es que hay que hacer (algo) si queremos que efectivamente el INSS siga para adelante (…). El INSS, como está, quiebra. Así que es una realidad indiscutible”, afirmó Aguerri. Una posición con la que coincide el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales.
Aunque niega que en este momento el INSS esté a punto de quebrar, Rosales reconoce que las decisiones sobre reformas al sistema actual no pueden extenderse más allá del 2012.
“Lo que hemos dicho es que, de continuar el INSS con una visión como la que actualmente se tiene, no es viable en un momento del desarrollo de la nación nicaragüense”, asegura Rosales.
Esto, explica, lo refleja el estudio actuarial del Seguro Social, “donde dice que actuarialmente a partir del 2015 se tienen que hacer las reformas que permitan darle sostenibilidad al INSS”.
En el documento Propuesta de fortalecimiento del sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Gobierno expone nueve opciones para conseguir ese objetivo.
Todas las alternativas coinciden en aumentar la edad para jubilarse entre 61 y 65 años, así como el número de semanas de cotización, y los aportes de los asegurados y patrones.
Pero también generaliza la base salarial en que será calculada la cotización del 6.25 por ciento que el trabajador aporta al INSS, eliminando el límite que existe actualmente.
El artículo 16 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social dice que el techo para deducir ese aporte es 37 mil 518 córdobas mensuales. La propuesta oficial no establece techo.
El INSS recibe 22.50 por ciento en aportes por afiliado. Los trabajadores entregan 6.25 por ciento y el Estado debería enterar 0.25 por ciento. El otro 16 por ciento lo aporta el empleador.
El documento con las propuestas lo conoce el Cosep, pues fue presentado por el Ejecutivo en el Consejo Nacional del Trabajo desde el año pasado.
En el mismo se advierte que “el INSS enfrentará serias dificultades que repercutirán en la crisis prevista para el período 2017-2021”.
No obstante los empresarios cerraron filas con el presidente del BCN, en cuanto a que la discusión no sea este año, por temor a que se use como bandera política de los partidos en la contienda electoral.
Aguerri y Rosales coinciden en que será hasta el 2012 que empresarios, trabajadores y Gobierno decidirán formalmente la vía más viable para lograr solventar las finanzas del INSS.
A consulta de LA PRENSA, Rosales afirmó que las propuestas pueden variar en el consenso con la sociedad nicaragüense, pues el objetivo es que “el sistema asegure que los trabajadores reciban una pensión digna cuando se retiren”.
“Para eso se requiere que el INSS sea una entidad con la fortaleza financiera que permita asegurar que el esfuerzo del trabajo y la entrega que ha significado el sudor de los trabajadores tengan una respuesta digna en el momento que dejen de laborar”, dijo Rosales.
Pero Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), no comparte que se eleve la cuota patronal, pues afirma que ya es bastante alta.
Lo que se requiere, de acuerdo con Fonseca, es, además de un modelo viable sobre las pensiones, garantizar una buena administración en el INSS, para que la plata que aportan los asegurados no sea utilizada para pagar pensiones de gracia a gente que no tiene derecho.
Sin embargo, la posición conjunta de los empresarios es que el nuevo modelo que se acuerde debe estar basado en que el Estado siga asumiendo el manejo del sistema de seguridad social.
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