Para que haya una fiesta cívica debe haber voluntad, educación y conciencia cívicas.
A los procesos electorales en países en que se respeta la voluntad popular se les denomina “fiesta cívica”. Y no es para menos, es la máxima expresión, la más civilizada y la más barata para que haya alternabilidad en el poder y evitar que este se corrompa deviniendo en dictaduras familiares y dinásticas, como nos ocurrió con la familia Somoza y como pretende el actual mandatario.
Las elecciones son la vía idónea para que la democracia como sistema de gobierno crezca y se consolide, sea perfectible y evite retornos al pasado. Por eso es que la pretensión de perpetuación en el poder en nuestro caso es, además de inconstitucional e ilegal, inmoral ya que en nuestro pasado reciente provocó sangre, dolor, exilio y sufrimiento.
Costa Rica es el ejemplo más cercano y más lejano de “Fiesta Cívica”, junto a países como Chile, Uruguay, El Salvador, Panamá, entre otros. Periódicamente los ciudadanos concurren a las urnas electorales o Juntas Receptoras de Votos a sufragar por el o los candidatos de su preferencia. La base de ese ejercicio es la historia y la cultura política que caracteriza a esas naciones, donde la voluntad popular es sagrada y donde las autoridades encargadas de velar por su respeto son más que simples ciudadanos, son verdaderas instituciones que encarnan la moral y el deber de servir a la Patria no a partido ni a caudillo alguno. Esos jueces inspiran respeto. Invocan los mejores sentimientos de sus connacionales que pueden confiar en ellos como jueces impertérritos de la fuerza de cada uno de sus votos, garantía final de paz social, ya que es mediante el sufragio directo, secreto e informado que dichas sociedades construyen sus pactos sociales, sus concertaciones nacionales y sus proyectos de nación sin tener que recurrir a la violencia ni a la guerra.
En Nicaragua la estrategia del orteguismo es a la inversa, se trata de acabar con el crédito que alguna vez tuvo el poder electoral. Para eso primero lo corrompieron “desde la cruz hasta el rabo” convirtiéndolo en un órgano subalterno al poder omnímodo del nuevo dictador, quien gracias a la complacencia de su pantagruélico y fáctico presidente, el CSE es ahora un nido del fraude. Si no por qué tantos temores de que manifestaciones pacíficas se realicen frente a las instalaciones de la ignominia que representan las oficinas centrales de Managua y las de los departamentos. La Policía Nacional (¿!) autoriza marchas pacíficas para luego informar a los manifestantes que deben abstenerse de acercarse al CSE y a los CED ¿por qué?, ¿a qué temen?
En vez de transparentar sus funciones informando y cumpliendo con el deber de otorgar a cada ciudadano nicaragüense su documento de identificación ciudadana, su cédula, la escamotean, la niegan y privilegian a los simpatizantes del proyecto autoritario institucional.
En Nicaragua vamos a concurrir a unas elecciones generales este próximo noviembre con los dados cargados a favor de Daniel Ortega. En cualquiera de los países democráticos del continente ya estas elecciones estarían totalmente descalificadas, pero aquí el dilema que nos propone este gobierno equivale al viejo adagio “ustedes discuten y yo (el supremo) decido” Ustedes voten pero el que cuenta los votos es mi CSE.
Aún y a pesar de que cuenta con todos los instrumentos institucionales y fácticos del poder, Ortega teme al voto popular directo y secreto. Le da más miedo los votos que las balas. Ahí radica la fortaleza del sufragio libre y secreto. Cuando cada ciudadano en la intimidad del recinto electoral queda solo con su conciencia: ¡No veo cómo la conciencia ciudadana desee premiar a su verdugo!
El autor es diputado al Parlacen.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
