Durante Semana Santa los políticos de la oposición electoral debieron reflexionar sobre la encuesta de M& R Consultores, que se publicó la semana anterior, la cual los ha dejado muy mal parados. Realmente, ya sea que el 47.8 por ciento de intención de voto que obtuvo Daniel Ortega se calcule sobre la totalidad de los electores, o solo con los que ya están decididos a votar, en ambos casos Ortega tiene una gran ventaja sobre sus competidores.
Sin embargo, está visto que la mayor preocupación de los partidos y alianzas electorales es la composición de las listas de sus candidatos a diputados, que de acuerdo con el calendario dictado por los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), deben ser inscritas a más tardar el 6 de mayo.
Sin duda que para los partidos y alianzas electorales es muy importante la cantidad de diputados que podrían conseguir. A pesar de que el sistema político de Nicaragua sigue siendo muy presidencialista, remarcado en los últimos años por el estilo de gobierno centralista, autoritario y caudillista de Daniel Ortega, la Asamblea Nacional sigue y seguirá siendo un factor muy importante de poder o por lo menos de influencia sobre el Gobierno.
Además, es comprensible que los políticos den la máxima importancia a las candidaturas a diputados, y sobre todo a su ubicación en los lugares preferenciales o “ganadores” de las listas. Las diputaciones son muy apetecidas por los políticos, debido a los magníficos sueldos, conexiones y privilegios con los que el sistema premia la función parlamentaria.
Pero hay otros asuntos mucho más importantes que el afán electoral, o electorero, relacionados con los problemas, las aspiraciones y los sentimientos de la gente, y con los intereses de la nación. Sin embargo a los temas superiores del país los políticos de oposición en general, y los demócratas en particular, no les están prestando la debida atención.
Nos referimos ante todo a la imperiosa necesidad de ganar las elecciones para poder reconstruir las instituciones republicanas, que en los últimos años han sido desvirtuadas y socavadas por el régimen dictatorial. En realidad, Ortega se ha sentido con derecho para violentar la división de poderes, para corromper y someter a los poderes Judicial y Electoral a fin de que cumplan sus designios particulares, para neutralizar a los órganos de control del Estado con el objeto de que apañen la corrupción gubernamental que se ha generalizado y oficializado, para imponer un proyecto político hegemónico que desprecia las normas de la seguridad jurídica y las reglas de juego propias de un país moderno, democrático y estable.
De manera que ante esa situación, y cuando es impuesta una candidatura a la reelección presidencial que la Constitución prohíbe de manera expresa; cuando se manipula la cedulación de los electores con vistas a montar un gran fraude electoral; cuando se violenta el derecho a la manifestación política pública de la oposición y se restringe la libertad de información; e inclusive un conspicuo representante del partido gobernante proclama que van a hacer todo lo que tengan que hacer, y a pagar el precio que sea, con tal de no volver a entregar el poder nunca más, eso significa que lo que queda de república está a punto de desaparecer. Y ante tan grave amenaza, las campanas de la oposición deberían estar tocando a rebato, convocando a la población a defender la libertad y a rescatar la democracia que tanto dolor, sangre y vidas humanas le costó conquistar al pueblo de Nicaragua.
Se comprende, pues, que los políticos de la oposición hagan cuentas de cuántos diputados podrían sacar en las elecciones del próximo noviembre. Pero al mismo tiempo deberían comprometerse a actuar juntos para salvar la república moribunda y recuperar la democracia. Particularmente los candidatos presidenciales opositores, todos ellos liberales, tendrían que asumir un compromiso de esa clase. En ese sentido, el doctor José Rizo Castellón, exvicepresidente de Nicaragua, excandidato presidencial por el PLC y ahora disidente de este partido, ha propuesto que los 4 candidatos presidenciales opositores se sometan a una encuesta de tres firmas internacionales confiables, y quienes salgan con menos intención de voto declinen en favor del que resulte en primer lugar. Mientras que las alianzas electorales conservarían sus listas de candidatos a diputados.
Se trata de una buena idea, sin duda, aunque muy difícil de realizar por la falta de sentido democrático de los políticos. Pero podría ser la última oportunidad que estos tengan para reivindicarse y enmendar el grave daño que la politiquería y la carencia de principios le han hecho a la República y a la nación.
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