La semana pasada el Consejo Supremo Electoral debió sentir un placer cuasi orgásmico cuando inscribió de forma definitiva la candidatura ilegal e inconstitucional de su amo y señor Daniel Ortega. Pero es seguro que igual placer sintió, con morbo añadido, cuando inscribió las candidaturas de Arnoldo Alemán, de Fabio Gadea y de Enrique Quiñónez —¡el liberalismo en pedazos!—, porque su entrada y permanencia en un proceso electoral viciado de raíz no hace más que legitimar la candidatura de Ortega.
Y es así porque, habiendo aceptado competir contra un candidato ilegal, se han despojado, para todo fin práctico, de cualquier derecho y legitimidad de reclamar nada si ese candidato ganara las elecciones. ¿O es que acaso creen que si se da ese resultado —que además está garantizado por la estúpida división partidaria— habrá alguna institución nacional o internacional que ante hechos consumados preste oídos a sus quejas plañideras? Cuando escucho a los pancho-sandinistas mendigar la presencia de “observadores internacionales” no me carcajeo porque me supera la rabia que me produce tan inútil petición.
La oportunidad de hacer algo para que haya un proceso electoral legal es ahora y no después de concluida la farsa. Lo he dicho antes y lo repito: mientras Ortega sea candidato presidencial, los candidatos de la oposición deben abstenerse de participar en el proceso y exigir ya a la OEA que tome cartas en el asunto. Y no soy iluso. Conozco muy bien esa organización y a su secretario general, José Miguel Insulza —confeso admirador de Fidel Castro— y, por lo tanto, soy el primero en desconfiar de su voluntad de actuar en defensa de la democracia. Pero hay que dar a la OEA la oportunidad de actuar decentemente, y, si no lo hace, ya sabrá el pueblo nicaragüense defender su libertad y democracia como mejor le parezca.
Quienes dicen que a pesar de todo hay que participar en el proceso para no dejar el campo libre a Ortega y al sandinismo, ponen como ejemplo lo ocurrido en Venezuela en 2005. Pero conviene aclarar que en Venezuela no hubo un proceso electoral inconstitucional, sino que los partidos opositores al chavismo decidieron no concurrir a las elecciones por el simple hecho de desconfiar de la limpieza del proceso, pero no, repito, porque el proceso fuera inconstitucional. Chávez ganó y gobernó sin oposición.
El caso de Nicaragua es totalmente diferente; el problema fundamental aquí es que el proceso electoral es ilegal y está organizado en contra de lo dispuesto en la Constitución Política. Ese hecho puede demostrarse jurídicamente ante la OEA, organización que tiene la obligación de velar por la democracia representativa y la preservación del Estado de Derecho en todos los países miembros, Nicaragua incluida. Por tanto, la exigencia que los partidos de oposición deben plantear ya a la OEA es clara y sencilla: o cumple usted con su deber y hace que las elecciones en Nicaragua sean de acuerdo con la Constitución y al Estado de Derecho o no participaremos en un proceso electoral inconstitucional. La pelota, señores OEA, queda en su cancha.
Pero, desgraciadamente, me temo que los líderes políticos actuales no tienen lo que hay que tener para tomar esa decisión. Es más, en las próximas semanas se subirán al carro de la desvergüenza y la indignidad todos aquellos que inscriban sus candidaturas a diputados nacionales, departamentales y del Parlacen en cualquiera de los partidos y alianzas de oposición. Sé que muchos compatriotas creen de buena fe, aunque también ilusamente, que a pesar de todo hay que votar. Respeto su opinión aunque no la comparta. No creo, sin embargo, en la buena fe de los que van tras las migajas del poder. Todos ellos saben que yendo divididos ninguno de sus partidos ganará las elecciones y que, por el contrario, es muy probable que el sandinismo, ayudado por un Consejo Electoral corrompido hasta el tuétano, obtenga una mayoría suficiente para poder reformar la Constitución y establecer una dictadura por la vía legal.
Pero es evidente que eso los tiene sin cuidado. Lo que de verdad les importa es saber que participando en la farsa los que salgan elegidos podrán vivir cómodamente de sus diputaciones los próximos cinco años.
Soy liberal y me duele decir todo esto. Pero antes que liberal soy un ciudadano nicaragüense que quiere que en su Patria haya libertad y democracia. Y, por lo tanto, señores políticos, mientras no actúen con un mínimo de dignidad e inteligencia, ninguno de ustedes espere contar con mi voto.
El autor fue Embajador de Nicaragua en España.
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