Es lógico que la Policía Nacional esté en el centro de la controversia política. Primero porque en tanto que institución pública, la Policía tiene que someterse al escrutinio permanente de los ciudadanos, pero además, porque su comportamiento en las manifestaciones públicas de los ciudadanos ha sido hasta ahora muy criticable, por lo menos.
Nos referimos al trato diferenciado que la Policía ha dado a las manifestaciones públicas de la oposición democrática y a las de los partidarios de Daniel Ortega, ruda y hostil con las primeras y complaciente, por decirlo de alguna manera, con los segundos.
La ciudadanía tiene derecho y el deber cívico de preocuparse por la situación que impera actualmente en las instituciones del Estado y órganos de gobierno, incluyendo al Ejército y la Policía, que son las dos únicas instituciones armadas que hay en el país. La Policía no solo es la fuerza coercitiva del Estado que garantiza la seguridad pública. Igualmente se arroga la potestad de decidir si los ciudadanos pueden o no ejercer su derecho a la manifestación pública. Además, los miembros de la Policía están autorizados a hacer uso de la fuerza, no solo contra los delincuentes sino también, como el sábado 2 de abril, contra los ciudadanos honrados que quieren ejercer su derecho a la manifestación pública que es formalmente garantizado por la Constitución y los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos.
La democracia es inconcebible e impracticable si las instituciones armadas del Estado no son profesionales, apolíticas, apartidistas, obedientes a la Constitución y no deliberantes, como se dice en los artículos 93 y 97 de la Constitución de Nicaragua con respecto al Ejército y la Policía. Pero esos preceptos constitucionales tienen que cumplirse de verdad, como se venían cumpliendo desde que la Policía dejó de ser Sandinista e instrumento de la dictadura del FSLN. La Policía se convirtió en Nacional y se puso al servicio de todos los nicaragüenses, gracias a la reforma constitucional de 1995 que estableció las normas democráticas esenciales sobre la fuerza policial y particularmente desde el 23 de agosto de 1996, cuando la presidenta Violeta Barrios de Chamorro promulgó la Ley 228, Ley de la Policía Nacional.
A partir de entonces, la Policía renombrada como Nacional se adentró en un proceso de profesionalización y democratización, que por lo auténtico y consistente a pesar de los inevitables vaivenes políticos del país, le valió el reconocimiento y la admiración de todos los nicaragüenses. Inclusive, a título personal los mandos policiales intermedios y superiores se beneficiaron materialmente con la profesionalización policial. Y sin duda que la Policía continuaría avanzando por esa senda honorable, si Nicaragua hubiera seguido siendo gobernado por personas y partidos democráticos, no obstante sus defectos políticos y sus mayores o menores niveles de corrupción individual y administrativa.
Lamentablemente el período de gobiernos democráticos terminó en enero de 2007, cuando, gracias al pacto con Arnoldo Alemán y el PLC Daniel Ortega recuperó el poder presidencial y comenzó a concentrar en sus manos todos los poderes del Estado. Y como inevitable consecuencia, la Policía comenzó a retroceder en el profesionalismo, la apoliticidad, el apartidismo y el carácter nacional que había logrado.
En realidad, era ingenuo esperar que Daniel Ortega se iba a apoderar de todas las instituciones civiles y los recursos del Estado para impulsar y financiar su proyecto de restaurar la dictadura, pero que respetaría a las instituciones armadas. En cualquier proyecto dictatorial, de izquierda o de derecha, lo primero que hace el déspota es asumir el control de la fuerza armada, militar y policial, para someter a los órganos civiles del poder estatal y social. ¿Acaso se puede creer que fue solo por retórica, que el mismo día que tomó posesión del cargo presidencial, el 10 de enero de 2007, al tomar el juramento de lealtad de los altos mandos del Ejército y la Policía Daniel Ortega les recordó y restregó en la cara, su origen revolucionario y su estirpe partidista sandinista?
Seguramente hay en la Policía oficiales, cuadros intermedios y mandos superiores que abrazaron sinceramente los principios de la democracia, que quieren ser realmente profesionales y no están de acuerdo con el penoso retroceso de su institución al partidismo. Pero habrá que esperar a que termine el régimen de Daniel Ortega y su partido y familia, y que el país vuelva a ser democrático, para tener otra vez una Policía apolítica, apartidista, obediente a la Constitución y amigable con todos los ciudadanos, no solo con los orteguistas.
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