El año pasado se deterioraron aún más los derechos humanos de los nicaragüenses. Así lo estableció el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual 2010 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, presentado ayer en el Congreso estadounidense.
En la sección dedicada a América Latina, el informe hace especial mención sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que en esta ocasión aparece señalada abiertamente en la introducción del informe.
“El respeto a los derechos humanos y las instituciones democráticas se deterioraron durante el año pasado en Nicaragua. Los miembros de partidos de la oposición que protestaban no podían ejercer su derecho a la libertad de reunión”, revela el documento que también señala la corrupción generalizada y la politización de instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE) y otros órganos de gobierno.
Así como la falta de protección por parte de la Policía a los manifestantes que protestan por las políticas gubernamentales, lo que no ocurre con los grupos afines al gobierno a quienes les ha permitido participar en actividades violentas.
RESALTA ACTITUD HOSTIL DE ORTEGA CONTRA SECTORES
El documento resalta también que el gobierno de Daniel Ortega continuó con sus críticas a los líderes religiosos que expresaron su preocupación sobre prácticas y políticas de gobierno que afectan las libertades democráticas.
Destaca la retención de cédulas, la interferencia del Gobierno con la libertad de prensa y el hostigamiento hacia las organizaciones no gubernamentales y periodistas.
- El informe del Departamento de Estado, presentado ayer en Washington, retoma publicaciones sobre una encuesta pasada realizada por la firma consultora M&R, sobre estimaciones de ciudadanos que no poseen documento de identidad.
Y señala además que las personas sin documento de identidad han enfrentado dificultades al momento de realizar una transacción económica, bancaria o de voto y estaban sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y propiedad de la tierra.
A su vez, indica que tanto mujeres como jóvenes que carecen de documentos de ciudadanía están más vulnerables a la explotación sexual por parte de los traficantes.
Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación informaron que el Gobierno manipuló deliberadamente la emisión de cédulas de los ciudadanos que habitan dentro y fuera del país con fines políticos, expresa el informe.
Además recoge las críticas de la ciudadanía y miembros de partidos de la oposición o independientes, debido al costo de 300 córdobas que desde agosto pasado tienen que pagar los interesados en su cédula.
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A su vez, el documento refleja que pese a que la Constitución de la República establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que la Policía Nacional es una institución apolítica y apartidista, agrupaciones defensoras de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales se quejaron de que en la práctica el presidente Ortega continuó utilizando su posición como jefe de las fuerzas armadas para manipular la actuación policial, que amenaza a la profesionalidad e institucionalidad de la Policía Nacional.
SISTEMA JUDICIAL CORRUPTO Y POLITIZADO
Refiere el documento que aunque la ley prevé un poder judicial independiente, el sistema judicial seguía siendo vulnerable a la corrupción y la politización.
La ley exige nuevos nombramientos judiciales. Una vez nombrados, los jueces han estado sujetos a políticas económicas y presiones que afectan su independencia judicial.
Y basado en información de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, el informe manifiesta que esa institución reportó haber recibido 759 denuncias, de las cuales 550 estaban relacionadas con el acceso a la justicia durante el año.
ESPIONAJE TELEFÓNICO DEL GOBIERNO
El documento también expresa que varias organizaciones no gubernamentales alegaron que su correo electrónico y las conversaciones telefónicas fueron monitoreadas por el Gobierno, pese a que la ley prohíbe estas acciones.
Refiere también el informe que aunque la ley establece sanciones penales por casos de corrupción, el Gobierno no implementó la ley de manera efectiva y con frecuencia los funcionarios participaron en prácticas corruptas con impunidad.
Destaca cómo cientos de millones de dólares facilitados por Venezuela a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) han sido invertidos en el desarrollo económico y dirigidos a asistencia social, pero administrados por una empresa mixta entre las petroleras estatales de Venezuela y Nicaragua. Ese arreglo evita la supervisión pública o el seguimiento del dinero.
El informe establece, además, que en el país no se puede criticar al Gobierno libremente sin exponerse a represalias. Recoge denuncias en los medios de comunicación con relación al hecho que durante el año las instituciones del Estado (como el CSE) dejaron de actualizar los sitios web.
DIPUTADO LIBERAL CONFIRMA DETERIORO
El presidente de la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, diputado José Pallais, dijo: “Definitivamente, sí hay un deterioro de los derechos humanos en todos los aspectos y fundamentalmente al derecho de libre expresión, libre circulación y movilización; el derecho a pensar diferente, el derecho a la justicia, es decir, todos los derechos han sufrido un deterioro continuo”.“Son coincidentes con la realidad de los hechos que aquí han ocurrido”, expresó por su parte la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez. “¿Quién va a contradecir que, por ejemplo, no es cierto la denuncia generalizada de las ONG nacionales, a las cuales se les ha negado el derecho a observar las elecciones? ¿Quién va alegar que eso no es cierto?”, dijo Núñez.
Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), también coincidió en que “hay un deterioro de los derechos humanos”. “Aquí el presidente Ortega se está reeligiendo y sabemos que es una reelección ilegal (…) hay muchos funcionarios que usurpan funciones… esta es una muestra de los abusos que se cometen en el país”, dijo Carmona.
El diputado José Pallais y el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, coincidieron en que el informe del Departamento de Estado deja mal parado al país ante el mundo, por tanto ahuyenta la inversión, pues lo coloca como un país que no es confiable y deteriora aún más la imagen y perjudica la economía de todos los nicaragüenses. “Nos pone en una situación difícil”, dijo Carmona.
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