Los costos económicos que Nicaragua paga por el crimen y la violencia son bastante altos. Un estudio del Banco Mundial sobre el tema establece que es de 529 millones de dólares.
Y aunque el mismo no establece el período en que el país paga ese costo, lo desglosa en lo que representa en materia de salud, así como lo que destinan las instituciones del país para brindar atención a los afectados por este problema, al igual que el gasto que representa al sector privado.
También existen costos ocultos casi imposibles de medir, como el deterioro de la confianza pública en el sistema judicial, una mayor aprobación de la justicia por mano propia y la convicción de que las autoridades no necesitan respetar la ley cuando persiguen a los criminales; de acuerdo a la evidencia existente, todo esto deriva en mayores índices de violencia, dice el informe.
Menciona entre los factores principales que podrían ayudar a invertir la situación: las posibles pérdidas causadas por la actividad criminal, el costo del desvío de recursos de actividades productivas, que mejore el crecimiento a la prevención de la violencia; y la pérdida de productividad derivada del miedo causado por la violencia, y el aumento del ausentismo en los centros de trabajo.
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Sin embargo, con relación a otros países de la región Nicaragua es la que menor costo asume por ese problema.
“Crimen y Violencia en Centroamérica: un desafío para el Desarrollo” es el informe del Banco Mundial sobre la inversión en seguridad que cada vez aumenta en la región.
Según el análisis presentado por ese organismo internacional, a causa de ese problema Nicaragua invierte en atención a las víctimas en materia de salud 241 millones de dólares, de los cuales 162 millones de dólares son para atender daños emocionales, otros 44 millones de dólares para atención médica y 35 millones de dólares por pérdidas en producción.
Mientras lo que le llaman costos institucionales representan para el país una inversión de 87 millones de dólares, que se reparte en seguridad pública que equivale a 51 millones de dólares y otros 36 millones de dólares en la administración de justicia.
LA SEGURIDAD PRIVADA
Otros 124 millones de dólares corresponden al costo de la seguridad privada, que está repartido en el cuido de los hogares y los negocios.
El informe indica que debido a que el crimen y la violencia afectan la vida de las personas de varias maneras, existen ciertos elementos que están relacionados con los costos sociales de las actividades criminales, que incluyen la seguridad privada o la necesidad de alterar la residencia de los perjudicados, o en el caso del gobierno de aumentar el número de uniformados y procesos judiciales.
El informe refiere que “más allá de los costos directos, el impacto negativo del crimen y la violencia; en el ámbito de las inversiones conlleva sus propios costos”, y entre estos está que reduce la productividad y los negocios afectados por la violencia, generan menos ventas por trabajador en relación a otros que no les afecta la actividad delictiva.
Los principales factores que inciden en este problema son: el narcotráfico, las pandillas y las facilidades para el uso de armas de fuego.
En toda Centroamérica la violencia tiende a ser una de las limitaciones para la productividad y el crecimiento, revela el documento.
Los resultados indican que en cinco de los seis países (con excepción de Costa Rica) la violencia aparece entre las cinco limitaciones principales. Nicaragua junto con Costa Rica y Panamá aparecen con niveles de violencia mucho más bajo que el resto del área.
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