El rechazo de los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral, a las impugnaciones que fueron presentadas contra la candidatura inconstitucional de Daniel Ortega a una segunda reelección y un tercer período presidencial, no fue ninguna sorpresa. De antemano se sabía que eso era lo que iba a ocurrir.
En realidad, los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral están en esos cargos gracias a un decreto de Daniel Ortega. Ellos están sometidos a los designios y caprichos políticos del caudillo del FSLN, y por lo tanto no se podía esperar más que rechazaran los recursos de impugnación a la candidatura de Ortega que fueron presentados oportunamente.
Sin embargo, el hecho de que ya se sabía o que era fácil prever que la impugnación a la candidatura inconstitucional, ilegal e ilegítima de Daniel Ortega, sería rechazada por los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral, no quiere decir que no se debió haber impugnado o que haya sido una pérdida de tiempo interponer los recursos. En realidad, el escenario más importante de la lucha de la oposición es por ahora el terreno de la legalidad y la denuncia de la injusticia. Es cierto que los instrumentos jurisdiccionales del Estado de Nicaragua han sido pervertidos por la corrupción, la prevaricación y la politización orteguista, y por lo tanto sus titulares no pueden actuar con imparcialidad y equidad, pues estas virtudes derivan de la independencia profesional y de la integridad moral. De las personas que detentan actualmente los cargos de magistrados no se puede esperar que impartan verdadera justicia y reconozcan el derecho a quienes realmente lo tienen. Pero mientras haya posibilidad de acusar y acosar al orteguismo y sus órganos jurisdiccionales, con denuncias y recursos legales, es muy importante y necesario hacerlo.
El recurso legal constituye una de las conquistas democráticas más antiguas e importantes de la humanidad a lo largo de la historia. Viene desde el antiguo Derecho Romano y es el reconocimiento del derecho de las personas naturales y jurídicas a reclamar contra las injusticias, a demandar que se rectifiquen las decisiones judiciales y administrativas incorrectas y a que se restablezcan las garantías y prerrogativas legales de los recurrentes. Y por sobre todas las cosas, el recurso legal es un derecho humano fundamental de las personas, no una dádiva de los gobernantes.
Abstenerse de presentar los recursos e impugnaciones a los abusos de poder, con el pretexto de que de todas maneras serán rechazados, puede parecer una actitud muy digna y radical. Pero de hecho es estéril y favorece a los gobernantes y magistrados autoritarios y corruptos, los cuales se sienten muy a gusto con que no haya ningún cuestionamiento legal ni manifestación pública de inconformidad de los ciudadanos y las organizaciones sociales y políticas que los representan.
Daniel Ortega, gracias al pacto y las componendas con Arnoldo Alemán ha podido concentrar un inmenso y desmedido poder político, económico, institucional, militar y policial. Pero tiene un punto clave de debilidad, además del repudio de la mayoría de los nicaragüenses, cual es la ilegitimidad de su candidatura inconstitucional. Los operadores políticos y jurídicos del orteguismo pueden revestir de falsa legalidad la candidatura de Ortega a la reelección presidencial, que es prohibida por la Constitución. Pero la falsa legalidad de resoluciones judiciales y electorales espurias, no legitima una candidatura que es flagrantemente inconstitucional y la oposición política y la sociedad civil democrática no deben quitar el dedo de esta llaga.
Como ha dicho el eminente constitucionalista nicaragüense, doctor Gabriel Álvarez Argüello, en declaraciones al Diario LA PRENSA que fueron publicadas ayer, la resolución de los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral que ha rechazado la impugnación a la candidatura inconstitucional e ilegítima de Daniel Ortega, tiene que ser impugnada ante los órganos jurisdiccionales establecidos.
“Se debe hacer —aconseja el doctor Álvarez Argüello — por un sentido si usted quiere pedagógico, de utilización de los mecanismos del Estado; por un sentido político, que exprese una opción por la paz, la estabilidad y la democracia de Nicaragua; pero además, por un sentido de precaución jurídica, para que se vayan formando y construyendo los precedentes que permitan eventualmente en el orden internacional, y más adelante en el orden interno, deducir todas las responsabilidades que todas estas actuaciones implican”.
Es decir, que no se debe renunciar al derecho de usar todos los recursos jurídicos ni a la obligación de agotar las instancias legales, para poder escalar la demanda de libertad y justicia y pasar a otras formas de reclamo y de lucha que sean necesarias y posibles.
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