Por Luis Alonso Lugo
WASHINGTON/AP
La violencia que azota a América Central podría reducir el producto interno bruto regional en 8%, por lo que sus gobiernos necesitan estrategias a muy largo plazo para combinar la prevención y la reforma del sistema penal con el combate al tráfico de drogas y armas.
Un reporte del Banco Mundial (BM) difundido este jueves indicó que una reducción del 10% en la tasa de homicidios elevaría el crecimiento anual del ingreso per cápita en hasta un punto porcentual del producto interno bruto (PIB) en aquellos países con la mayor cantidad de homicidios, como El Salvador, Guatemala y Honduras.
El Fondo Monetario Internacional predijo en octubre que el PIB centroamericano aumentará 3,7% este año, tras crecer 3,1% en 2010.
El documento “Crimen y Violencia en Centroamérica: un desafío para el Desarrollo” señaló que el auge del crimen organizado ha traído como consecuencias un incremento de la corrupción en el sistema judicial, menor confianza en las autoridades y mayor aprobación hacia la aplicación de la justicia por mano propia.
“La población entera de América Central es casi como la de España, pero mientras España registró 336 homicidios en 2006, América Central tuvo 14.257 asesinatos (casi 40 diarios) el mismo año”, señaló el documento.
“Evidentemente, no existe una solución rápida y fácil para la espiral de criminalidad y violencia que sufre Centroamérica”, dijo el director del BM para la región Felipe Jaramillo. “Los líderes públicos deberán perseverar porque la lucha probablemente sea larga, necesitando de una estrategia a varios niveles para el corto, mediano y largo plazo”.
El informe identificó como catalizadores de la violencia al tráfico por América Central del 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, a la existencia de al menos 900 pandillas con 70.000 miembros principalmente entre 15 y 34 años de edad y a la presencia de 4,5 millones de armas de fuego, en buena parte debido a las guerras civiles desatadas en la década de 1980.
Recomendó focalizar los correctivos en programas preventivos centrados en niños y sus familias, alternativas viables a la juventud en riesgo y reformar el sistema judicial hacia un código penal acusatorio más transparente que mejore la eficiencia, reduzca la corrupción e impunidad, y mejore el acceso a la justicia, en especial para los grupos más pobres y olvidados.