Daniel Ortega ha hecho el ridículo mundial al nombrar a Miguel D’Escoto como representante de Muamar Gadafi en las Naciones Unidas (ONU), cuando el dictador de Libia ha sido proscrito por la comunidad internacional y una coalición de Estados realiza acciones militares y diplomáticas para llevarlo ante el Tribunal Penal Internacional.
Sobre el régimen de Gadafi pesan dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que le desconoce el derecho de seguir gobernando y lo presiona para que deje el poder. El 26 de febrero pasado el Consejo de Seguridad impuso a Gadafi drásticas sanciones económicas, le prohibió viajar al extranjero lo mismo que a sus familiares cercanos, congeló sus cuentas en el exterior, le embargó la compras de armas y lo acusó de cometer crímenes contra la humanidad, que “merecen ser juzgados por la Corte Penal Internacional”.
Posteriormente, el 17 de marzo el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1973, mediante la cual autoriza realizar “todas las medidas que sean necesarias” para proteger a la población de Libia, la cual ha sido bombardeada y ametrallada por órdenes de Gadafi. Precisamente en la víspera de que el Consejo de Seguridad aprobara esta Resolución, las poderosas fuerzas militares de Gadafi habían cercado la ciudad de Bengasi, bastión de la rebelión democrática del pueblo libio, y el desalmado dictador amenazó con “exterminar como ratas” a sus adversarios y a quienes los apoyaran o simpatizaran con ellos. Gadafi pretendía culminar el genocidio contra su pueblo, con un espantoso baño de sangre que fue impedido por la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y la acción militar de los países aliados.
Daniel Ortega es uno de los pocos gobernantes en el mundo que defienden al dictador genocida de Libia. La fidelidad de Ortega hacia Gadafi se debe a que comparten la misma vocación totalitaria y el odio a la libertad y la democracia, pero también porque el dictador libio apoyó económicamente a Ortega después que este fue sacado del gobierno de Nicaragua por el voto popular, en las elecciones del 25 de febrero de 1990. Además, tal como lo recordamos en este espacio editorial el martes de esta misma semana, y es oportuno repetirlo ahora, “durante la guerra civil de los años ochenta el dictador libio le mandó a Ortega seis aviones artillados Marchetti SF260W, para que bombardeara las montañas del norte donde operaban los guerrilleros de la Contra. Por lo menos dos pilotos libios participaron en aquellos bombardeos criminales, junto con mercenarios de otros países (incluyendo un tico del Partido Vanguardia Popular o comunista, de Costa Rica, agregamos ahora). Otros 6 aviones L-39 Albatros, enviados por Gadafi, no pudieron llegar a Nicaragua por defectos de embalaje y fueron regresados desde Brasil. Pero eso solo era una parte del apoyo que Gadafi daba a la dictadura de Daniel Ortega a fin de que combatiera a la Resistencia Nicaragüense, para que reprimiera a la población campesina y exportara la revolución armada a otros países de la región”.
O sea que Gadafi intervino en Nicaragua en favor de la dictadura sandinista. Sin embargo, en su justificación del nombramiento de Miguel D´Escoto como representante de Gadafi en la ONU, Daniel Ortega dice que es para apoyar “a los hermanos libios en su batalla diplomática por hacer respetar su soberanía y autodeterminación, actualmente violentadas por las potencias, que una vez más atentan contra la independencia y la paz de los pueblos”.
La soberanía nacional, la independencia de los Estados y la autodeterminación de los pueblos son hermosos principios y normas del derecho internacional contemporáneo, que fueron concebidos para proteger a los pueblos pequeños y débiles de las acechanzas imperialistas de países grandes y fuertes. Pero esos hermosos principios y normas han sido desvirtuados por dictadores como Gadafi y compañía, que los usan para cometer con impunidad los crímenes contra sus propios pueblos, para violar los derechos humanos de la población y negar la libertad y la democracia, con el pretexto de que son soberanos y nadie debe entrometerse en lo que ellos hacen.
Esperamos, pues, que el caso de Libia se constituya como un precedente para que los dictadores como Gadafi no puedan seguir cometiendo sus fechorías impunemente, amparados en la independencia nacional y en el principio de no intervención en los asuntos internos de los países soberanos. Los derechos humanos, la libertad y la democracia, son valores superiores y universales que deben estar por encima de todo. Y la comunidad internacional tiene la obligación de proteger a los pueblos que son oprimidos y masacrados por sus verdugos “nacionalistas”.
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