Las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), han convocado a una marcha cívica de protesta contra la pretendida nueva reelección presidencial de Daniel Ortega, la cual es prohibida por la Constitución de Nicaragua. La marcha, programada para este sábado 2 de abril a las 9:00 de la mañana, tendrá como punto de concentración la plaza del hotel Hilton Princess, de donde saldrá hacia el Consejo Supremo Electoral para concluir con un mitin.
Los organismos convocantes de la marcha cívica de Managua obtuvieron la autorización de la Policía, pero posteriormente la Juventud Sandinista anunció que ese mismo día y prácticamente a la misma hora, realizará una marcha oficialista que pasará por el mismo lugar donde los manifestantes de la sociedad civil democrática se reunirán para expresar su protesta contra la candidatura de Daniel Ortega a una nueva reelección presidencial que sería inconstitucional, ilegal e ilegítima.
La convocatoria de los partidarios del gobierno de Daniel Ortega es evidentemente una provocación para atemorizar a los ciudadanos opositores e independientes, a fin de que no vayan a la marcha cívica y democrática de la sociedad civil. O, peor todavía, podría tratarse de un plan para agredir a los manifestantes pacíficos de la sociedad civil con piedras, garrotes y morteros, como ya ha ocurrido en varias ocasiones anteriores.
Pero la Policía Nacional, que de acuerdo con la Constitución y la Ley es profesional y apolítica, que está al servicio de todos los nicaragüenses y no es un cuerpo represivo ni cómplice del régimen orteguista, debió haber ordenado a la Juventud Sandinista que reprogramara la actividad oficialista para la tarde de ese mismo día, o para una fecha distinta. Los jefes de la Policía, que casi todos son abogados, saben muy bien que en estos casos se debe aplicar el principio jurídico de que, “primero en tiempo, primero en derecho” . Además, de acuerdo con el inciso 2.3 del artículo 7 de la Ley 128, que es la Ley de la Policía Nacional, ésta tiene la obligación de “Actuar con absoluta neutralidad e imparcialidad, sin discriminación alguna, en el entendido de que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derecho a igual protección”. De manera que la Policía Nacional no debe tratar a los simpatizantes de Daniel Ortega como si estuvieran por encima de las demás personas, y menos cuando podrían atentar contra los derechos de los demás.
De todas maneras, ya que la Policía no ha tenido valor para hacer que los orteguistas reprogramen su manifestación, los organismos de la sociedad civil han hecho bien al no dejarse intimidar y mantener su convocatoria cívica y democrática para el sábado a las 9:00 de la mañana, en el lugar antes mencionado.
El derecho a la manifestación pública es un componente esencial de la democracia, tan importante como el voto secreto o la libertad de expresión y por lo tanto los ciudadanos y las organizaciones que los representan no deben renunciar a ejercerlo bajo ninguna circunstancia. El rasgo constitutivo de la democracia es el disenso, no el consenso y mucho menos el sometimiento, por lo tanto el ejercicio del derecho a protestar es indispensable para que los ciudadanos puedan expresar sus discrepancias y cuestionar públicamente el ejercicio del poder.
La ciudadanía democrática no debe renunciar ni dejarse arrebatar el derecho a protestar contra la candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial, la cual, es necesario repetirlo, es absolutamente ilegal e ilegítima y constituye una grave amenaza contra la seguridad y la paz de Nicaragua.
La experiencia histórica demuestra que cuando se renuncia al derecho a protestar, por indolencia o por temor a los poderes autoritarios, inevitablemente sucumben o desaparecen todos los demás derechos y garantías, que pertenecen a los ciudadanos por su propia condición de personas y están consagrados y protegidos en la Constitución nacional y en los documentos jurídicos sobre derechos humanos.
Los ciudadanos no sólo votan y deciden en las urnas electorales, en el momento de ejercer el sufragio, cuando las elecciones son libres, justas y transparentes. También votan con los pies, cuando se van al extranjero porque en su país no tienen oportunidad ni libertad para alcanzar sus metas. Y votan y deciden en las calles, manifestándose públicamente para patentizar una legítima protesta —como será el caso de la marcha del próximo sábado en Managua—, o para quitar del poder a gobernantes autoritarios y corruptos como está ocurriendo actualmente en los países del Medio Oriente y África del Norte.
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