La instalación de un sistema electrónico para las compras del Estado permitiría una mayor participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de Nicaragua.
Al menos esa es la experiencia de Chile y que podría reproducirse en Nicaragua.
Giberto Alcócer, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), explicó que luego de una visita a Chile, donde funcionarios de Gobierno, cooperantes y empresarios, conocieron el sistema de contrataciones públicas del país suramericano.
El manejo de las adquisiciones del sector público chileno se realiza completamente vía electrónica, “lo cual lo hace altamente transparente”, ya que cualquier ciudadano puede tener acceso a ver las necesidades del Estado, quiénes son los oferentes, sus propuestas, a quién se le adjudicó la compra y las condiciones de la misma.
Dicho sistema permite mayor transparencia y agilidad. Ha representado un ahorro del 40 por ciento en las adquisiciones del sector público chileno, además ha permitido que el 55 por ciento de las adquisiciones se haga a micro y pequeñas empresas.
US$10 MILLONES
Alcócer valoró que de los cerca de 600 millones de dólares que el Estado de Nicaragua gasta anualmente en adquisiciones, aproximadamente la mitad podría ser proveída por las Mipymes.
Esto permitiría dinamizar la economía del país, dijo Alcócer, pues ese sector es el que más empleos genera.
De las cerca de 500 mil Mipymes que se estiman hay en el país, actualmente unas 10 mil empresas tienen capacidad de ofertar al Estado, estima Conimipyme.
Se calcula que del total de Mipymes solo unas 155 mil están establecidas formalmente.
Alcócer informó que la instalación de una plataforma electrónica podría costar unos 10 millones de dólares, los cuales podrían ser facilitados por organismos de cooperación.
La instalación de dicho sistema podría tardar unos dos años, estimó el presidente de Conimipyme. A partir de abril se trabajará más en capacitar a los pequeños empresarios sobre la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, o Ley 737.
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