El listado de los equipos de la empresa de maletín Empresa de la Construcción (Empreconsa), favorecida con un contrato por casi un millón de dólares por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, se asemeja más a una lista de compras para el hogar a lo que por normativas debería establecer un acuerdo de esta magnitud, más cuando el que paga es una empresa del Estado cuyos fondos provienen de los impuestos de todos los nicaragüenses.
El listado de equipos que debe proveer Empreconsa al Aeropuerto presenta muchas irregularidades de acuerdo con un análisis del contrato en poder de LA PRENSA, hecho por empresarios vinculados al negocio de venta de equipos especializados.
La principal irregularidad es que ese listado de equipos es demasiado general. No se detallan modelos, capacidades técnicas, ni los nombres comerciales de las empresas proveedoras.
Además, el mismo contrato no detalla las garantías técnicas de estos equipos, la que debería de referir del proveedor de repuestos de estos equipos (en caso de una eventual falla o accidente), tampoco hace mención sobre mecánicos especializados que estarían a cargo de enfrentar cualquier eventualidad.
El contrato refiere generalidades como que los equipos deben de ser aprobados por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) o Aeronáutica Civil, además de cumplir las normas internacionales de aviación.
Las fuentes empresariales consultadas insistieron en que en un contrato de este tipo no se puede establecer que los equipos son de “fábrica” (sin especificar cuál es el proveedor).
Entre las obligaciones establecidas por el proveedor, según el contrato, se citan: “Suministrar los equipos objeto del presente contrato en un plazo máximo de 60 días hábiles después de firmado el contrato, suministrar equipos de calidad de equipos que cumplan con los estándares de la industria aeronáutica, suministrar equipos que tengan respaldo en cuanto a calidad y sobre logístico y brindar capacitación sobre el uso de los equipos y entregar los manuales de mantenimiento y reparación de cada uno de los equipos”, en resumen.
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Ahora, que las autoridades de la EAAI sean las que aprueban la calidad de los equipos a comprarse a Empreconsa, tampoco es una garantía, si se toma en cuenta cómo el gerente de esta cartera gubernamental, Orlando Castillo, ha manejado con tan poca transparencia todo lo relacionado al convenio firmado con esta turbia empresa.
Ya se había advertido que este contrato con Empreconsa es inusualmente generoso con esta empresa de maletín.
La investigación periodística publicada a lo largo de cuatro semanas por LA PRENSA reveló que Castillo aprobó que en el contrato se estableciera darle un adelanto del 50 por ciento del contrato a Empreconsa y el porcentaje restante se pagaría cuando esta entregara los equipos.
Asimismo, el contrato establece que este mismo adelanto a favor de Empreconsa, puede ser usado como respaldo para la garantía bancaria por anticipo que esta empresa debe entregar a la EAAI, como parte de las exigencias establecidas en los contratos estatales.
Pese a las irregularidades en el contrato con Empreconsa, la Contraloría General de la República ha expresado por medio de su presidente de facto, Guillermo Argüello Poessy, que esta entidad fiscalizadora de los recursos del Estado no puede intervenir en el proceso.
Esto porque las recientes reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, promovida con fuerza por la Contraloría, establecen actualmente que los controles sobre las contrataciones del Estado son posteriores a su firma.
Esto, según explicó Argüello Poessy, determina que solo podrán conocer del contrato hasta que la EAAI lo envíe al ente fiscalizador y la Contraloría analice si los procedimientos administrativos para la firma del contrato se cumplieron y si los equipos finalmente llegaron a la empresa gubernamental.
Para este funcionario, dado que detrás de la conformación ilegal de Empreconsa está la fe pública del abogado y notario Francisco Apolonio Palacios, la única posibilidad de anular el contrato es por medio de una investigación del Ministerio Público, que podría devenir en una posible acusación en los juzgados.
Sin embargo, el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, también “echó una palada de tierra” al caso y no investigará el asunto.
Empreconsa fue conformada usurpando los nombres y números de cédulas de identidad de Héctor Guadalupe Adams González, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, personas sencillas que viven en Jinotega y Bluefields, para hacerlas aparecer falsamente como socios de esta empresa de maletín.
Palacios es un raro personaje que evadió completamente hablar con este Diario sobre la usurpación de las identidades de estos ciudadanos.
Lo único que hizo fue dejar disponible en el bufete Talavera y Asociados, en donde labora, su protocolo de constituciones para que pudiéramos observar que la constitución de Empreconsa fue supuestamente legítima.
En dicho bufete no se permitió tomar fotografías de las páginas del protocolo referidas a Empreconsa, aduciendo que esto era prohibido legalmente.
En este protocolo estaban impresas las supuestas firmas de Héctor Guadalupe Adams González, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, y fotocopias de sus cédulas de identidad.
Finalmente, el rastro de los verdaderos socios de Empreconsa se termina perdiendo en medio de una red de abogados y sociedades vinculadas con José Mojica Mejía, el empleado de confianza del presidente Daniel Ortega Saavedra.
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