Byron Rivas, miembro del llamado grupo Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional (Rejudin), y Humberto Castilla Toledo, fundador del grupo Día Nacional de la Ira, creado en Facebook, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que son perseguidos por personas desconocidas.
Dijeron que tienen también sospechas de que sus teléfonos están intervenidos. Debido a esta situación, consideraron que están en riesgo, por cuanto estiman que estas personas están al servicio del partido de Gobierno.
Castilla Toledo expuso que, a raíz de las publicaciones en medios escritos, recientemente cuando salió a correr con su perro “extrañamente pasa un oficial de Policía corriendo como a las 5:00 de la mañana con una chaqueta que dice dirección de operaciones especiales, Policía Nacional”, y cerca una patrulla policial.
Castilla expuso que el propósito de su grupo es promover entre la población que demande ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) la entrega de las cédulas de identidad que, a su criterio “están secuestradas”. Instó a la población a que el 15 de abril acuda de forma simultánea ante a las delegaciones del CSE a exigir ese documento de identidad. Rivas en cambio manifestó que los integrantes de su organización tienen intervenidas sus líneas telefónicas, pues cuando hablan oyen “un eco”, como si hubiera alguien más escuchándoles. A su vez, dijo Rivas, a las oficinas de Rejudin han llegado personas que se identifican como miembros de seguridad policial a hablar con el dueño del local, a quien le han hecho una serie de preguntas que van desde quiénes son ellos y qué hacen, hasta a nombre de quién está hecho el contrato, y extrañamente les expresan que no se preocupen si miran una patrulla, motocicletas o gente armada, aduciendo que “les estamos dando seguridad”.
José Alonso, abogado del Cenidh, dijo que ese organismo envió a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) una solicitud de acción urgente para que sea dirigida al presidente Daniel Ortega, a fin de que garantice a través de sus dependencias la seguridad personal e integridad física de los miembros de Rejudin y que la primera comisionada Aminta Granera, jefa Nacional de la Policía, investigue la denuncia.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
