La implementación del programa de protección a testigos establecida en la Ley 735, Contra el Crimen Organizado, representa un reto para el Ministerio Público, aseguró la secretaria ejecutiva de esa institución Delia Rosales.
En una exposición que hizo durante un foro promovido por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Rosales dijo que han conocido la experiencia de Colombia y México, y aunque “esperamos no llegar nunca a esos niveles”, consideró importante la aplicación de ese programa, pues en otros delitos han conocido cómo los testigos y las víctimas “son objeto de coacción y de presión muchas veces por parte de los investigados, de los imputados y de los acusados”.
PROTECCIÓN TOTAL
Según la ley, son sujetos de protección las víctimas, los testigos, los peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación en el proceso penal, así como a los familiares, u otras personas que se encuentren en situación de riesgo.
- El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) realizó un monitoreo del inventario de los bienes incautados a los narcos en los últimos seis años.
También fueron ocupados en este período otros bienes inmuebles, como 502 vehículos livianos, entre los que destacan camionetas de lujo, 161 vehículos pesados entre los que figuran camiones, buses, cabezales, furgones. En su mayoría ocupados a la agrupación del salvadoreño Reinerio Flores Lazo, en operativos realizados en 2008.
También en el período de seis años fueron ocupadas 24 lanchas, pangas y motos acuáticas. Así como siete avionetas y 12 helicópteros. Y solo en 2009 fueron reportadas 35 viviendas ocupadas y 11 fincas.
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Entre las medidas que contempla la ley está la prestación de seguridad física, asistencia médica, legal, social psicológica, alojamiento, entre otros.
Una persona puede comparecer como testigo en un proceso sin que el acusado lo observe, lo que podrá hacerse a través de videoconferencias con distorsión de la voz, a fin de que se permita conservar su identidad para evitar que sea objeto de represalias.
Las notificaciones no llegarán al domicilio del testigo o víctima, sino al Ministerio Público que manejará el programa. El programa contempla también el traslado de dirección, o reubicación del testigo y hasta el cambio radical de su identidad para evitar riesgos.
MEDIDA EXCEPCIONAL
La funcionaria aclaró que el cambio de identidad es una medida excepcional “porque es cambiar toda una vida de una persona, desde su registro de nacimiento, su cédula de identidad, su registro académico, su registro de salud, todo lo que representa registros de la vida de una persona y que nos da existencia real y material dentro de una sociedad”.
En cuanto al traslado y alejamiento, se contempla la reubicación a otro departamento dentro del país, pero también se podría a otro país de la región porque existe un convenio que prevé este tipo de excepciones. Rosales señaló que la región “sigue siendo pequeña, pero al menos tenemos una herramienta más y una posibilidad más para seguir operando dentro del tema de la justicia”.
Actualmente el Ministerio Público no cuenta con los recursos necesarios para su aplicación “ni mínimos ni suficientes”, dijo Rosales, pero refirió que empezarán a realizar los esbozos sobre lo que será el programa, y para ello han solicitado a la oficina de Naciones Unidad Contra la Droga y el Delito, financiamiento para el programa de protección.
Sin embargo, en la reunión con fiscales departamentales sostenida la semana pasada, Rosales dijo que estos fueron instruidos para aplicar algunas medidas que la ley les faculta para hacerlo.
JUECES POR ENCIMA
En ese mismo foro el presidente de la Comisión de Justicia, diputado liberal José Pallais, recordó que la Ley Contra el Crimen Organizado contempló como delito propio los delitos en que puedan incurrir funcionarios judiciales.
Pallais denunció que hace poco supo de una circular que envió la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público, que “en otras palabras le dice señor Ministerio Público usted no puede juzgar a ningún juez, los jueces están por encima de la ley”, aseguró Pallais.
El magistrado de facto, Rafael Solís, afirmó el viernes que es todo lo contrario, pues “hay una posición dura de la Corte de investigar a todos los funcionarios públicos y sobre todo judiciales involucrados en liberación de narcos”.
Sobre las críticas al ejecutivo de no implementar la ley después de cuatro meses en vigencia Solís pidió: “Hay que darle su tiempo al presidente, él tiene que ir nombrando autoridades, esa es facultad del ejecutivo (…) mientras tanto, los bienes están a resguardo… allí en el Poder Judicial en la mayoría de los casos, en otros todavía los tiene la Policía cuando los juicios están empezando y todavía no los ponen a la orden del Poder Judicial”.
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