A propósito de la iniciativa de emergencia presentada por Hugo Chávez, del grupo Alba, en la crisis de Libia, resulta paradójico que sea él quien propone una comisión internacional para mediar en ese conflicto. Para comenzar pretende ignorar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en especial la Resolución 1970/2011, adoptada por unanimidad bajo el capítulo VII de la Carta de la Organización, relativo a las amenazas a la paz y seguridad internacionales que son de estricto cumplimiento para todos los Estados miembros de la Organización —incluida Venezuela y Nicaragua—, así como la decisión de la Asamblea General, adoptada por consenso, de suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos y los pronunciamientos formulados por la Unión Europea, la Liga Árabe, la Unión Africana y el Secretario General de la Conferencia Islámica.
Con su propuesta, Chávez no solo se coloca al margen de decisiones que se han adoptado en el marco de los organismos antes mencionados, sino que se ubica al lado de un gobernante repudiado por la mayoría de su pueblo y de la comunidad internacional, por los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando.
En Nicaragua el actual presidente del país —hasta enero 2012—, se atreve a solidarizarse con su “partner” cuestionando los ataques aéreos de Gadafi en contra del pueblo libio. Equivale a que en la insurrección del 9 de septiembre de 1978, alguien sostuviera que los push and pull y las bombas en cilindros que la dictadura somocista mandó a dejar caer sobre los nicaragüenses eran invenciones. Los muertos no lo fueron, como ahora en Libia no lo son.
No son precisamente Hugo Chávez ni Daniel Ortega las personas más indicadas para presentarse ante el mundo como los conciliadores, protagonistas de una iniciativa para promover la solución de la crisis interna de Libia y pretender contribuir a lograr una solución pacífica en una situación tan grave como la que está viviendo esa nación árabe. Ambos están descalificados para actuar como mediadores, sobre todo, teniendo en cuenta que ya se han pronunciado claramente a favor del dictador Gadafi, han proclamado abiertamente su amistad de muchos años con ese gobernante déspota, han sellado con él una “alianza estratégica”, han suscrito numerosos acuerdos que comprometen las soberanías de ambos países y para colmo pretenden negar las evidencias palmarias de las atrocidades que ha cometido contra su propio pueblo.
Una supuesta mediación entre partes en disputa no pueden adelantarla actores que han mostrado total identificación y parcialidad hacia una de ellas. Por otro lado, un mediador debe ser aceptado por ambas partes, y está claro que Ortega y Chávez, como se ha señalado, están descalificados para ello.
Podría pensarse que Chávez, con esta propuesta, estaría acoplándose a la estrategia que sigue Gadafi de ganar tiempo, para recuperar fuerzas o lograr una mejor posición de cara a una eventual negociación. No puede excluirse que esa proposición persiga darle la oportunidad de presentarse como un gran pacifista con fines de proselitismo político. Por lo pronto, su propuesta ya ha sido rechazada y/o ignorada por los insurgentes libios y actores internacionales importantes, incluso por el hijo del propio tirano Gadafi.
Este hombre, que con gran cinismo afirma que él no puede renunciar ya que no ostenta cargo público alguno, que “el pueblo tiene el poder” —como el “pueblo presidente” de la actual familia gobernante en Nicaragua—, dispone de la misma matriz mental de Hugo Chávez y de Daniel Ortega, para quienes sus respectivos países son sus feudos, sus “cotos de caza” donde imponen la horca y el cuchillo intentando erigirse como omnímodos, poderosos y absolutos señores feudales que hablan de revoluciones socialistas, siendo en la práctica grandes señores capitalistas.
La salida de Gadafi del poder es un imperativo del mundo civilizado. Su permanencia sería una derrota a las conquistas de libertad y paz, desarrollo y democracia de las naciones del planeta.
¡Nicaragua no puede quedarse atrás!
El autor es diputado al Parlacen.
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