En la Carta de las Naciones Unidas (ONU) a la cual pertenecen Nicaragua y Costa Rica —y por lo tanto ambos son parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda—, se establece la obligatoriedad de acatar las resoluciones del supremo tribunal mundial. En efecto, en el apartado 1 del artículo 94 de la mencionada Carta de la ONU se dice expresamente que: “Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”.
Sin embargo, la misma Carta de las Naciones Unidas prevé en el apartado número 2 del artículo 94, la posibilidad de que alguna de las partes en litigio se niegue a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y al respecto señala que: “Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”. O sea que aquel país cuyo gobierno no quiera acatar una decisión de la Corte Internacional de Justicia, porque le es desfavorable o siente que de alguna manera le perjudica, se expone a sufrir las sanciones que para el caso disponga el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pero esta no es la situación de Nicaragua y Costa Rica, cuyos gobiernos siempre han acatado los fallos de la Corte Internacional, y en el caso particular de la decisión interlocutoria tomada este martes en relación con el interminable conflicto por el río San Juan, ambos se comprometieron previamente a aceptar la resolución, cualquiera que fuese.
De todas maneras, en cuanto a la decisión de La Haya sobre las medidas cautelares que pidió Costa Rica en noviembre del año pasado, como casi siempre sucede en estos casos la Corte Internacional de Justicia dictó ayer una resolución salomónica, reconociendo parcialmente la razón de cada una de las dos partes pero sin favorecer a ninguna de ellas en particular. Así, mientras manda a Nicaragua no colocar fuerzas militares en un lugar, Habour Head, que reclama como parte de su territorio nacional, a Costa Rica le rechazó la petición principal de suspender el dragado del río San Juan.
Pero como también ocurre siempre, tanto el gobierno de Nicaragua como el de Costa Rica reclaman haber sido el más favorecido por la decisión de La Haya. No obstante, algunos analistas nicaragüenses critican que de no haber sido porque el gobierno de Daniel Ortega se negó a reconocer la resolución del Consejo Permanente de la OEA del 12 de noviembre del año pasado, en la cual se pedía a Nicaragua el retiro de la fuerza militar que se encontraba en el sitio del conflicto, que es lo mismo que ahora ha dispuesto la Corte de La Haya, el país habría obtenido un triunfo claro y verdadero.
De todas maneras, la decisión de ayer de la Corte Internacional de Justicia no resuelve la nueva disputa alrededor del río San Juan, planteada por Costa Rica, y según los expertos el fallo definitivo tardará varios años en producirse. Pero al menos la resolución de La Haya sobre las medidas cautelares pedidas por Costa Rica, le quita explosividad al conflicto e impedirá que la campaña electoral de Nicaragua se “sanjuanice”, o sea que los partidos levanten como bandera política la disputa entre los dos países, y que Daniel Ortega manipule en favor de su reelección ilegal e ilegítima los sentimientos patrióticos y el compromiso de los nicaragüenses con la defensa de la soberanía sobre el río San Juan.
Juristas internacionalistas serios y sensatos, como por ejemplo el doctor Mauricio Herdocia, han expresado que esta decisión de La Haya debería ser aprovechada para iniciar una nueva era de las relaciones bilaterales de Nicaragua y Costa Rica. Tienen razón. Los intereses comunes de los dos pueblos son más importantes que sus diferencias, y deberían aprovechar el derecho internacional que promueve soluciones pacíficas de los conflictos fronterizos, para superar sus diferencias y fortalecer su entendimiento mutuo.
Pero relaciones duraderas de ese tipo sólo son posibles entre países iguales. Por eso es imprescindible recuperar la democracia en Nicaragua y reconstruir el Estado de Derecho, así como tener un gobierno que no comprometa a la nación en alianzas aventureras y que más bien promueva la convivencia internacional pacífica.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
