Violando de manera deliberada y flagrante la Constitución Política de Nicaragua, el FSLN proclamó en un mitin realizado en la Plaza de la República el sábado 26 de febrero recién pasado, la candidatura ilegal e ilegítima de Daniel Ortega a una segunda reelección y un tercer mandato presidencial.
Por lógica, la oposición electoral al orteguismo debería estar contenta con la proclamación de la nueva candidatura presidencial del anacrónico caudillo sandinista, quien sin duda es el personaje del FSLN más repudiado por la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses. Para la oposición que va a participar en las elecciones del próximo 6 de noviembre, Ortega es el mejor candidato del oficialismo porque es al que más fácilmente le podría ganar, suponiendo que los votos se cuenten honestamente y que se respete la voluntad popular, de lo cual hasta ahora no hay ninguna garantía.
Daniel Ortega está vinculado a los recuerdos más desagradables del pasado reciente, que tiene la mayoría de los nicaragüenses: a una dictadura militar que en muchos aspectos fue peor que la somocista; a la represión brutal contra los que se atrevían a protestar contra el régimen de los años ochenta; a una sangrienta guerra civil desatada por el empecinamiento de imponer un sistema totalitario comunista, como el de Cuba, y de involucrar a Nicaragua en el conflicto de las grandes potencias por la hegemonía mundial; al servicio militar obligatorio que llevó al matadero a millares de adolescentes y a la desesperación dolorosa de sus madres y padres; a un perverso régimen de represión y espionaje dirigido por el Ministerio del Interior de Tomás Borge y la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) de Lenín Cerna; a la feroz censura de prensa; a la violencia contra la mujer en la peor de sus manifestaciones; a una economía desastrosa que llegó a registrar las cifras más altas de inflación en toda la historia económica mundial; a la escasez y el racionamiento miserable de los productos de consumo popular más indispensables, mientras los dirigentes revolucionarios y sus allegados se abastecían de todo en las diplotiendas del Estado, etc.
A todo eso, y más, se asocia inevitablemente la imagen y la candidatura de Daniel Ortega, quien, si bien es cierto que en su actual gobierno no ha cometido todas las tropelías totalitarias que cometió en los años ochenta, sin embargo ha atropellado la Constitución y desvirtuado las instituciones de la democracia, ha restringido las libertades y los derechos de los ciudadanos, ha creado un clima de inseguridad jurídica, ha vuelto a provocar antagonismos internacionales y ha renovado el lenguaje de intolerancia y odio contra sus adversarios y sus críticos. Todo lo cual es un anticipo más que suficiente para prever lo que podría suceder en otro período presidencial de Daniel Ortega, que según sus partidarios será una etapa más radical de su “revolución”.
Expertos en el estudio de la opinión pública y encuestas electorales, dicen que la memoria de lo acontecido en los años ochenta ya no influirá en la decisión electoral de la mayoría de los votantes, porque no vivieron en aquella situación. Pero eso no es tan cierto, pues se conoce que los padres siempre transmiten a los hijos los recuerdos de sus desagradables experiencias, y además, como muy bien dicen algunos historiadores, los recuerdos del pasado siempre merodean, como si fueran fantasmas, en las mentes de las generaciones presentes. Y los consultores electorales y asesores de imagen recomiendan siempre a los partidos que quieren ganar elecciones, que deben ofrecer a los electores caras nuevas que se diferencien de aquellos que se desacreditaron en el pasado, por los abusos que cometieron.
Además, Daniel Ortega ha sido vapuleado electoralmente tres veces, en 1990, 1996 y 2001, con más del 50 por ciento de la votación contraria. Y si pudo ganar la elección presidencial de 2006, fue con una votación minoritaria de 38 por ciento —y con el 8 por ciento escondido, para evitar la posibilidad de segunda vuelta— gracias al pacto con Arnoldo Alemán que “generosamente” bajó la cifra del umbral electoral, del 45 al 35 por ciento.
De manera que el rechazo a la candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial no es porque sea ganadora, sino porque es ilegal, inconstitucional e ilegítima; porque su reelección está prohibida por el artículo 147 de la Constitución, la cual solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional, nunca por una resolución espuria de 6 magistrados orteguistas que no tiene ninguna validez jurídica, política ni moral.
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