El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ordenó que los militares patrullen las calles del país para combatir el crimen. LA PRENSA/AFP/ORLANDO SIERRA

Militares a las calles contra el crimen en Honduras

El gobierno hondureño resolvió, entre otras medidas, que los militares patrullen las calles para apoyar a la Policía y promover una reforma legal para aumentar las penas de prisión contra los delincuentes, ante la impotencia que provoca una ola de crímenes.

TEGUCIGALPA/AFP

El gobierno hondureño resolvió, entre otras medidas, que los militares patrullen las calles para apoyar a la Policía y promover una reforma legal para aumentar las penas de prisión contra los delincuentes, ante la impotencia que provoca una ola de crímenes.

Tras una reunión con las máximas autoridades de los otros poderes del Estado y algunos de sus ministros, el presidente Porfirio Lobo resolvió el lunes en la noche que los militares salgan a las calles a reforzar los patrullajes de la policía, anunció en rueda de prensa el jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, el general René Osorio.

Los jerarcas de los supremos poderes también analizaron la posibilidad de aumentar las penas a los delincuentes, extender de 24 a 72 horas el período de detención sin formulación de cargos y eliminar las restricciones horarias para los allanamientos (limitados de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde).

Estas medidas tendrían que ser aprobadas por el Congreso, pues requieren de reformas legales.

Con unos 14,000 policías en servicio y unos sistemas judicial y carcelario que no dan abasto, la ola de criminalidad se ha intensificado en este país centroamericano, donde el año pasado se registraron aproximadamente 6,000 homicidios, cifra que representa una tasa anual de 70 por cada 100,000 habitantes.

La violencia está asociada con el delito común: asaltos, secuestros y robos de carros, entre otros, pero también con la acción de las pandillas juveniles, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

Frente a la creciente inseguridad, las mayores críticas se dirigen al sistema de justicia, pues el 98 por ciento de los crímenes queda impune.

Tras la reunión con el presidente Lobo, el fiscal general, Luis Rubí, afirmó que para aumentar la eficacia de la justicia se requieren cuerpos técnicos especializados con alta tecnología para llevar a cabo las investigaciones.

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