SAN SALVADOR/ ACAN-EFE
Grupos de transportistas protestaron ayer con marchas y retrasos en la salida de vehículos en contra de una serie de controles policiales desarrollados el fin de semana a raíz de una racha de accidentes que causó al menos una veintena de muertos y más de un centenar de heridos.
Decenas de transportistas se concentraron en distintos puntos, entre ellos el conocido monumento en honor a El Salvador del Mundo, en el centro de San Salvador, desde donde partieron en una marcha hasta la Casa Presidencial, donde se reunieron con autoridades.
Asimismo, se registraron concentraciones en algunos puntos de la carretera Troncal del Norte, donde los manifestantes quemaron neumáticos y formaron grandes embotellamientos.
El presidente de la Federación de Cooperativas de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans), Catalino Miranda, declinó definir esta situación como una protesta y denunció que los conductores son víctimas de una “cacería de brujas”. “No estamos ante una protesta del sector colectivo, estamos al frente de una persecución policial y una cacería de brujas que ha desatado en los últimos tres días la Policía Nacional Civil (PNC)”, afirmó Miranda al canal 2 de la televisión local.
Se quejó de que “no solo se está arremetiendo contra los conductores temerarios”, en alusión a quienes manejan a alta velocidad y bajo efectos del alcohol o estupefacientes.
La Policía de tránsito informó de que en el marco del operativo Tridente, desarrollado entre este sábado y domingo, hallaron a 63 conductores que manejaban sin licencia, de un total de 2,595 choferes de autobuses y microbuses consultados, detalló el rotativo El Mundo.
También detectaron que los conductores acumulaban varias infracciones de tránsito sin pagar, a la vez que al menos uno fue detenido por conducir en estado de ebriedad.
Miranda pidió ayuda para aquellos conductores que no cuentan con recursos para matricular su licencia —cuyo valor es de 49.40 dólares— y propuso que quienes posean multas pendientes puedan pagarlas en cuotas mensuales de 30 o 40 dólares.
Por su parte, el dirigente de los conductores Rodolfo Espinoza expresó que piden que el Gobierno les apruebe trabajo social en sustitución del pago de las infracciones, que en algunos casos ascienden a unos 2,000 dólares por conductor.
El procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, expresó en un comunicado su “enérgica censura” a las acciones de los transportadores y llamó al Gobierno a diseñar “medidas encaminadas a una verdadera transformación integral del sector transporte”.
Durante la semana pasada una seguidilla de accidentes en los que se vieron involucrados autobuses y otros vehículos de transporte de pasajeros enlutó a varias familias salvadoreñas.
El hecho más grave se registró el pasado lunes en la carretera que conduce de la localidad de Santa Ana (oeste) hacia San Salvador, donde un autobús que pretendió esquivar un triple choque ocurrido en esa misma vía impactó contra un árbol y causó la muerte de 16 pasajeros y más de un centenar de heridos.
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