Daniel Ortega ha cubierto otra vez a Nicaragua de ignominia, o sea de afrenta pública, al haber declarado y reiterado en un organismo de las Naciones Unidas el respaldo de su gobierno al dictador de Libia, Muamar Gadafi, quien está masacrando a su pueblo a fin de mantenerse en el poder que ha ejercido de manera despótica y criminal por más de 41 años.
Pero lo más grave es que Ortega ha respaldado al dictador genocida de Libia, no en su representación personal y de su partido —de los cuales no se podría esperar algo distinto—, sino que lo ha hecho en nombre del pueblo de Nicaragua. Esto, además de ser un abuso es un ultraje al pueblo nicaragüense, que también ha sufrido bombardeos criminales y los podría volver a sufrir tomando en cuenta la obsesión del mismo Ortega en volver a instalar la dictadura, y lo que ha dicho Tomás Borge, acerca de que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder para siempre. Lo mismo que Gadafi.
Es cierto que la Constitución de Nicaragua dice en el inciso 2 del artículo 150, que una de las atribuciones del Presidente de la República es “representar a la nación”. Pero se sobreentiende que representar a la nación —la cual en el lenguaje jurídico y como concepto estatal significa el “conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno”—, no es una licencia para actuar en nombre de los nicaragüenses en asuntos y relaciones que son o podrían ser delictivas e inmorales. La representación de la nación que ostenta el gobernante, es únicamente para participar en relaciones, negocios y actos lícitos y éticos, en los cuales el gobierno se tiene que involucrar y comprometerse en la búsqueda de beneficios para el país.
Además, la misma Constitución de Nicaragua establece en el artículo 3 del Título I, Capítulo Único (en el cual se consignan los Principios Fundamentales de la Nación), que el pueblo nicaragüense es “solidario con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación”. De manera que lo que Daniel Ortega tendría que hacer, en su carácter de titular del Ejecutivo o presidente de Nicaragua, es solidarizarse en nombre de los nicaragüenses con el pueblo libio que lucha heroicamente contra la opresión y la discriminación del dictador genocida Muamar Gadafi.
Cabe mencionar que en Europa, diversos medios de prensa y otras voces representativas han calificado como ignominiosa, la actitud “tibia” de los gobernantes europeos ante el genocidio que Gadafi está perpetrando en Libia. Esto se debe a que la Unión Europea emitió una declaración en la que “deplora” la muerte de civiles y respalda las “legítimas aspiraciones y demandas de reforma”, pero ni siquiera mencionó a Gadafi y mucho menos que lo responsabilizara por la matanza genocida contra el pueblo libio que el endiablado dictador está perpetrando. Sin embargo es peor el caso de Daniel Ortega, que viola la Constitución de Nicaragua y falta a su deber de solidarizarse con las víctimas, y más bien ha respaldado a Gadafi. Esto es algo que sólo Hugo Chávez ha hecho, pues hasta el mismo Fidel Castro ha tenido un poco de pudor y no se atrevió a apoyar a Gadafi de manera explícita.
En la liberada ciudad libia de Tobruk, un ciudadano llamado Salam Habrui dijo a la periodista Nuria Teson, de El País de España, que “Gadafi está hambriento de sangre Queremos que se vaya, no podemos aguantar más Han sido 41 años de represión, no tenemos nada. Todo el dinero, todas las tierras, todos los edificios, todo es suyo”. Y uno de los líderes de la revuelta en esa misma ciudad, de nombre Mohamed, expresó que “el pueblo la recuperó porque no quiere a este dictador, queremos que nuestro país nos pertenezca Luchamos y vencimos. Ahora la ciudad es nuestra”.
Con esas personas, es decir con el pueblo libio que está alzado contra la dictadura, que se ha rebelado contra la opresión, que no soporta más la brutal represión y la odiosa discriminación de Gadafi, es que el pueblo de Nicaragua se solidariza. Pero Ortega no respeta la Constitución, sólo hace lo que le conviene y le dicta su ideología, que es la misma de Gadafi. Por eso es que apoya a un dictador criminal que no vacila en asesinar masivamente a su pueblo, y debería ser enjuiciado por el Tribunal Penal Internacional cuya misión es juzgar y condenar los crímenes de lesa humanidad.