El proyecto de Ley General de Correos y Servicios Postales de Nicaragua, que recientemente fue dictaminada a favor por los diputados de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, está generando ciertas inconformidades dentro del sector empresarial privado, para quienes será exigido el pago anual de nuevos impuestos una vez que entre en vigencia.
Según las nuevas disposiciones de esta ley, las empresas quedan obligadas a solicitar una licencia o título habilitante al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) para poder prestar los servicios postales.
Además, quedan obligados a inscribirse en el registro de Operadores Postales, debiendo asumir los costos por el derecho de inscripción, los aranceles correspondientes que equivaldrán al 0.25 por ciento del valor del patrimonio de cada empresa y de las utilidades netas anuales que obtengan, sin perjuicio de la respectiva inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
El título habilitante tendrá una duración de 10 años y es transferible en el mercado, salvo por causa de sucesión.
Los titulares (empresas) deberán pagar anualmente una refrenda equivalente al 10 por ciento del valor del título al momento de su tramitación.
Freddy Torres, miembro de la Comisión de Infraestructura, explicó que son las grandes empresas transnacionales, que prestan servicios postales en el país, las que de alguna manera están poniendo “peros” para no pagar un mínimo de impuestos, según lo dispone la nueva ley de correos.
Torres señaló que fue hasta los últimos días de consulta del proyecto de ley, que sus representantes enviaron las debidas consideraciones ante los miembros de la Comisión, cuando se les había solicitado con tiempo.
“Los representantes de las grandes empresas de servicio postal como DHL o FEDEX Express se atrasaron en sus apreciaciones y mandaron sus consideraciones fuera de lugar. El proyecto fue aprobado de forma consensuada entre los diferentes sectores y al final creo que no quieren pagar impuestos mínimos que establece la ley”, afirmó Torres.
Eliseo Núñez Hernández, presidente de la Comisión de Infraestructura, destacó que la ley permitirá a Correos establecer contratos anuales con las empresas privadas que deseen utilizar su red de servicios, acordando una remuneración debida que ayuda a la empresa estatal a obtener mayores ingresos.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
