Es un secreto a voces que casi todo el pleito que hay dentro y entre los partidos y grupos de oposición, es por la asignación de las cuotas de candidatos a diputados, pero sobre todo por los lugares preferenciales o ganadores, que son los primeros de las listas. De esa lucha enconada de los dirigentes opositores, lo que perciben los ciudadanos es que a los políticos no les interesa la deplorable situación del país ni impedir que Daniel Ortega se reelija de manera ilegal, inconstitucional e ilegítima, sino las curules y sus beneficios que ellos quieren mantener o conseguir en las elecciones del próximo noviembre.
Se puede comprender, aunque no justificar, el voraz apetito político por las diputaciones. Es que los diputados a la Asamblea Nacional reciben un sueldo básico mensual de 3,700 dólares. Tienen derecho a dos introducciones de automóviles libres de impuestos; reciben un equivalente de casi 19 mil dólares al año para financiar proyectos sociales que en realidad son para su promoción política personal y partidista; tienen asignada una cuota de combustible de 190 galones mensuales, que sube a 270 para los directivos; son favorecidos con un valioso seguro médico privado para cada uno y su cónyuge, pagado por el Estado, aparte del ordinario del INSS; tienen el privilegio de usar pasaporte diplomático, extensivo a miembros cercanos de su familia; y quién sabe cuántos otros privilegios que no son conocidos públicamente.
Aparte de eso, la función legislativa les permite a los diputados acceso a información privilegiada y la oportunidad de provechosas conexiones externas. Y por si todo eso fuera poco, cada diputado sigue o puede seguir ejerciendo su profesión u oficio, o atender sus negocios particulares. Esto es lo que hace posible el “milagro” de que algunos diputados llegan a la Asamblea Nacional con una mano atrás y la otra adelante, como se dice popularmente, pero al poco tiempo se convierten en personajes que se relacionan de tú a tú con diplomáticos, grandes empresarios y otras figuras prominentes de la sociedad.
En un país como Nicaragua, donde el Producto Interno Bruto (PIB) por persona es de 2,700 dólares al año y el salario mínimo mensual promedio será de 132 dólares, según el acuerdo empresarial-laboral-estatal de la semana pasada, sin duda que tanto ingreso económico por tan poco trabajo de los diputados, es por lo menos envidiable. Por otro lado, con una economía privada tan pequeña e incapaz de absorber recursos humanos, como es la del país, la competencia por las funciones y empleos públicos de alto nivel y buena remuneración es muy fuerte, y en el caso de los políticos se vuelve una lucha feroz.
Pero aparte de considerar ese aspecto material, económico y social de las diputaciones, que las hace tan codiciadas y peleadas por los políticos de vieja data y de nuevo ingreso, hay que ver también la dimensión estratégica del problema. Actualmente, la bandera principal que levanta la oposición en general y las fuerzas democráticas en particular, es la lucha por la no reelección de Daniel Ortega. Y no sólo porque una nueva reelección de Ortega sería ilegal, inconstitucional e ilegítima, sino también porque la reelección y el continuismo en el poder de los denominados “hombres fuertes”, como el caudillo del FSLN, ha sido causa de las más grandes calamidades y desgracias políticas que ha sufrido Nicaragua a lo largo de sus casi 190 años de vida independiente.
Por otro lado, el candidato presidencial de la Unidad Nicaragüense por la Esperanza (UNE), don Fabio Gadea Mantilla, es el único que se ha comprometido a que, en el caso de ganar las elecciones del 6 de noviembre próximo, impulsaría una revolución de la honestidad gubernamental. De manera que para hacer más creíble ese compromiso, para sustentarlo apropiadamente y predicar con el ejemplo desde ahora, nada mejor sería que ninguno de los diputados que forman parte de esa alianza electoral se presentara a la reelección para el siguiente quinquenio legislativo.
Estamos claros de que los casos de Daniel Ortega y los diputados no son comparables, puesto que la reelección del caudillo del FSLN está prohibida por la Constitución y para los diputados no hay prohibición. Seguramente esto no le gustará a los diputados de la UNE, pero si pudieran tomar la decisión de no presentarse para la reelección, darían una importantísima señal de integridad política que fortalecería la candidatura de don Fabio. Y la verdad es que eso ni siquiera sería un sacrificio, pero sí una demostración de ética y honor para su propia credibilidad.
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