Las circunstancias en que ocurrió la muerte del líder rebelde armado, José Garmendia, alias comandante “Yajob”, tienen que ser investigadas y la ciudadanía debe ser verazmente informada sobre los pormenores de ese trágico acontecimiento.
La imputación del Ejército y la Policía contra Garmendia, o “Yajob”, de que era un delincuente común a quien se buscaba por supuestos crímenes, no tiene mayor credibilidad. En la turbulenta historia política de Nicaragua los gobernantes siempre han tildado de criminales comunes a sus opositores alzados en armas. Los mismos altos mandos militares y policiales de la actualidad, y algunos del gobierno civil, también fueron señalados por las autoridades somocistas como forajidos, delincuentes comunes, asaltantes de bancos, criminales, secuestradores, etc.
Daniel Ortega en lo personal, actual Presidente de Nicaragua y antiguo comandante de la fuerza armada irregular que era el Frente Sandinista, estuvo encarcelado durante siete años después de ser condenado judicialmente a prisión, no por sus ideas y sus aspiraciones políticas sino por delitos del orden común. Sin embargo los delitos comunes que cometió Ortega tenían motivaciones políticas, formaban parte de una estrategia para conquistar el poder, de manera que él y todos los presos sandinistas que fueron acusados y condenados por cometer crímenes comunes, eran en realidad presos políticos. Y como tales fueron defendidos por la población democrática de Nicaragua y por el Diario LA PRENSA.
Eso por una parte. Por otro lado, sobre las confusas circunstancias en que murió el comandante de los alzados en armas contra el régimen de Daniel Ortega, hay versiones contradictorias que deben ser investigadas y aclaradas. En realidad, lo único que está claro sobre la muerte de “Yajob” es que no murió en combate con las fuerzas armadas de la Policía y el Ejército.
Amigos y antiguos compañeros de armas de “Yajob”, de la época de la lucha armada de la Resistencia Nicaragüense contra la primera dictadura del Frente Sandinista, en los años ochenta del siglo anterior, aseguran que la muerte del comandante rebelde “fue un asesinato político, debido a las posiciones planteadas por el guerrillero contra las pretensiones de reelección de Ortega y las violaciones a la institucionalidad del país”, según informó LA PRENSA ayer jueves 17 de febrero. En esa misma información se consignó que el diputado liberal Maximino Rodríguez, quien con el sobre nombre de “Wilmer” fuera uno de los principales comandantes de la Contra en la guerra civil de los años ochenta, “expresó que es imperativa una investigación, porque tienen información de que las fuerzas Tapir (Tácticas de Armas Policiales de Intervención y Rescate) se movilizaron por el lugar donde estaba ‘Yajob’ dos días antes de su muerte, por lo que se debían aclarar todas las circunstancias que rodearon la misma”.
Sin embargo, los mandos del Ejército han negado que sus tropas estuvieran involucradas en la muerte de “Yajob”, mientras que, por su parte, la Policía ha dado a conocer la dudosa versión de que el líder rebelde murió en un supuesto pleito personal con sus propios compañeros, cuando estaban tomando licor. La Policía no ha informado de qué manera obtuvo tal información y qué veracidad podría tener, O sea que es una versión policial que no aclara las circunstancias del hecho, sino que las enturbia más y refuerza la demanda de una investigación seria y creíble. Por cierto que esto también sería de beneficio para la Policía, el Ejército y el mismo Gobierno, pues de lo contrario crecerá la sospecha de que “Yajob” fue ejecutado. Y si fue así, habría sido una violación del Derecho Internacional Humanitario, particularmente del Convenio de Ginebra Relativo al Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, el cual es válido tanto para las guerras internacionales como para los conflictos armados locales.
Lamentablemente, en Nicaragua no hay actualmente ninguna institución gubernamental capaz de realizar una investigación confiable sobre un asunto de tanta delicadeza. Ni siquiera la Asamblea Nacional, pues por los pactos de los caudillos y las traiciones a la democracia está controlada ahora por el FSLN. Solo las comisiones de derechos humanos, uniendo esfuerzos y recursos podrían hacer una verdadera investigación independiente. Y aunque sus resultados —en el caso de que confirmaran que “Yajob” fue asesinado, o ejecutado que es lo mismo—, no sean aceptados por el Gobierno y en consecuencia no sirvan para que se haga pronta justicia, al menos los culpables serán condenados para siempre por el juicio de la historia.
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