La información generada por fuentes oficiales, acerca de que el año pasado fueron creados en el país 290 mil nuevos puestos de trabajo, es un insulto a la inteligencia de los nicaragüenses. En realidad, si ese dato fuera cierto ya no habría desempleo en Nicaragua. Inclusive serían más las personas trabajando que la población laboral disponible, lo cual es tan absurdo, que hasta los empresarios que tan cómodos se sienten con el gobierno y acostumbran corear sus proclamas de estabilidad y crecimiento económico, se atrevieron a contradecirlo y precisaron que no pueden ser más de 31,200 los nuevos puestos de trabajo que se crearon el año pasado.
Por otro lado, ante ese ridículo anuncio del gobierno de Daniel Ortega sobre la creación el año pasado de casi 300 mil nuevos empleos, el economista independiente Adolfo Acevedo, en declaraciones a LA PRENSA que fueron publicadas ayer comentó con sorna que la gran cantidad de nicaragüenses que carecen de empleo, “desde el año pasado están empleados y, por alguna misteriosa razón, no lo sabían”.
Por coincidencia, en la página de Opinión de la misma edición de ayer de LA PRENSA publicamos un artículo del economista independiente José Luis Medal, quien analiza críticamente las informaciones oficiales sobre una supuesta bonanza económica que hay actualmente en Nicaragua. Medal explica que los trabajadores asalariados “son hoy más pobres que hace cuatro años y para ellos no existe el supuesto gran éxito económico”. Demuestra Medal que la tasa de crecimiento económico de los últimos años ha sido menor que en el período 2000-2006, y “significativamente menores que las logradas durante el gobierno de los Somoza”. Aún así, agrega el economista independiente, “el deseo de perpetuarse en el poder llevó a la debacle de los años ochenta. La lección de ese período es que crecer no es suficiente, se requieren instituciones democráticas para un desarrollo sostenible. Las tasas de crecimiento actuales son menores, pero la destrucción institucional es similar”. O sea, deducimos nosotros, que el afán obsesivo de Daniel Ortega por reelegirse una vez más a pesar de que lo prohíbe la Constitución, con el fin de perpetuarse en el poder igual que lo pretendieron los Somoza, está llevando al país a otra debacle que podría ser igual -y quizás peor— que la de los años ochenta.
Pero entretanto llega esa nueva catástrofe política y social, la manipulación gubernamental de las estadísticas está causando un grave daño al país, al impedir la elaboración de diagnósticos sociales y políticas públicas objetivas y viables, que realmente ayuden a reducir la desocupación forzosa y la pobreza que sufre gran parte de la población nicaragüense.
De hecho, la falsificación de las estadísticas alimenta la incertidumbre económica, aumenta la inseguridad jurídica y genera una mayor desconfianza de la sociedad, de los inversionistas y de los ciudadanos. Un mal sistema estadístico y la manipulación de datos con fines políticos, es una lacra institucional que socava la estabilidad económica y social de cualquier nación.En cambio, un buen sistema estadístico nacional fundado en la veracidad de la información, constituye una herramienta formidable para el correcto ordenamiento de la vida económica y social.
Por fortuna, los economistas independientes monitorean la economía nacional y las estadísticas de organismos locales e internacionales, de manera que tienen capacidad para desenmascarar la falsedad de los informes oficiales, como ha sucedido con el que se refiere a la creación de empleos. Y en todo caso, las mentiras gubernamentales no cambian el conocimiento y la percepción que la gente tiene de su realidad, como lo demuestran los mismos ciudadanos al reiterar en todas las encuestas que el desempleo es su problema principal y el que urgentemente necesitan resolver.
Además, el solo hecho de la manipulación de las estadísticas es un atropello al derecho fundamental y constitucional de los ciudadanos a recibir información veraz, derecho que el gobierno es el primer obligado a respetar y tiene el deber de garantizar.
Entre los valores fundamentales de la sociedad, como la institucionalidad democrática, la igualdad ante la ley, el pluralismo político y cultural, la tolerancia racial y religiosa y la libertad de expresión y de prensa, se encuentra también el de la credibilidad. Y en lo que se refiere al Estado y el Gobierno, su credibilidad se basa precisamente en la información veraz que debe ser proporcionada por las fuentes oficiales.
De allí que no es extraño que el régimen de Daniel Ortega carezca completamente de credibilidad.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
